Cortes supremas provinciales: entre la familia y la política

Política 19 de noviembre de 2016 Por
Jueces con pertenencia partidaria, amigos del gobernador, parientes de funcionarios y poco lugar para las mujeres son las características distintivas de los máximos tribunales argentinos. Aunque no siempre fallan a favor de quien los designa, los tribunales locales más importantes siguen sujetos a los vaivenes de los gobiernos de turno
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(Chequeado.com – CABA – por Irina Hauser y Manuel Tarricone)  En su primera semana como gobernador de Jujuy, en diciembre de 2015, Gerardo Morales (Cambiemos) consiguió que la Legislatura provincial aprobara la ampliación del número de integrantes del Superior Tribunal de Justicia (STJ), de cinco a nueve miembros. En cuestión de días designó entre los nuevos jueces a dos de los diputados radicales que acababan de votar la reforma: Pablo Baca y Beatriz Altamirano. Ambos alzaron la mano en una sesión de madrugada, entre discursos sobre la independencia judicial, y 72 horas después ya tenían la toga puesta en el tribunal más alto de la provincia.

La transformación de la Corte jujeña para adaptarla al gobierno de Morales fue la antesala de la detención de la dirigente de la organización Tupac Amaru Milagro Sala, cuando llevaba adelante una protesta frente a la sede de la Gobernación. El arresto y la posterior apertura de una sucesión de causas penales variadas utilizadas para dejarla presa, que llegaron a ser ocho, corrieron por cuenta de jueces inferiores, que tienen al STJ como referencia aunque el máximo tribunal no se haya pronunciado aún sobre el tema.

Morales también postuló para el tribunal a Federico Otaola, quien cuatro años antes había sido candidato a vicegobernador y diputado provincial por la Unión Cívica Radical (UCR), y a Laura Lamas González, la única con carrera en tribunales. Desde 2010 ya formaba parte del STJ Clara Aurora de Langhe Falcone, otra ex legisladora radical nombrada por el ex gobernador peronista Eduardo Fellner en 2010, quien desde marzo de 2016 es la presidenta del Tribunal. A Fellner le deben sus cargos María Silvia Bernal, ex fiscal de Estado de su gobierno; Sergio Jenefes, hermano del ex vicegobernador Guillermo Jenefes (Partido Justicialista); Sergio González, ex presidente del Tribunal de Cuentas; y José Manuel del Campo, su ex socio en un estudio jurídico. El STJ quedó marcado por el bipartidismo vigente en muchas provincias: los nuevos jueces radicales y los anteriores nombrados durante más de tres décadas de gobiernos peronistas.

 

En su primera semana de gobierno, Gerardo Morales nombró a dos legisladores radicales en el STJ.

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En un sistema democrático, el Poder Ejecutivo Nacional representa a la mayoría y, se supone, el Poder Judicial es el poder contramayoritario. Sin embargo, eso no necesariamente pasa en seis de los 24 distritos de la Argentina -o sea en un cuarto del país-. Hay gobernadores que en sus provincias lograron nombrar a todos los miembros del superior tribunal: Mario Das Neves (Partido Justicialista) en Chubut, Alberto Weretilneck (Frente Grande) en Río Negro, Ricardo Colombi (Unión Cívica Radical) en Corrientes, Luis Beder Herrera (Partido Justicialista) en La Rioja y Alberto Rodríguez Saá (Compromiso Federal) en San Luis. En Santiago del Estero los jueces del tribunal más alto fueron designados por el matrimonio del ex gobernador Gerardo Zamora (Frente Cívico) y su esposa, la actual mandataria Claudia Ledesma Abdala.

Desde hace años distintas organizaciones reclaman en las provincias un cambio que asumen cumplido a nivel nacional: a partir de 2003 la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con matices, recuperó un reconocimiento que había perdido en la década del 90. Pero los tribunales superiores locales permanecen, en la mayoría de los casos, atados a los vaivenes de los gobiernos de turno, que se las suelen ingeniar para designar allí a personas de su confianza. El caso de Jujuy es sólo la muestra más reciente. Y por demás elocuente.

Cada provincia tiene sus especificidades y para analizar lo que pasa en el Poder Judicial no se puede perder de vista el contexto histórico del lugar. Dentro de ese campo de peculiaridades, los investigadores de estas temáticas suelen tomar como indicadores de la independencia de los superiores tribunales: las posibilidades que tiene el poder político de modificar el número de miembros de las Cortes por ley; la duración del mandato de los jueces (son vitalicios o limitados según cada provincia); la inamovilidad en el cargo; la intangibilidad de sus salarios y la existencia de inmunidades (la mayoría de las provincias prevén inmunidad de arresto y de opinión para sus jueces).

Morales repitió en su provincia el modelo de Carlos Menem: ni bien asumió, el ex presidente amplió de cinco a nueve el número de jueces de la Corte Suprema. Esto provocó la renuncia de dos magistrados del máximo tribunal, Jorge Bacqué y José Severo Caballero, lo que habilitó al Poder Ejecutivo a nombrar a seis de los nueve jueces supremos, en su mayoría cercanos al menemismo y que por años constituyeron lo que se denominó “la mayoría automática”.

La Corte nacional comenzó a oxigenarse cuando Néstor Kirchner postuló a cuatro juristas a quienes no conocía y que no tenían militancia política orgánica (sólo Raúl Zaffaroni, que había sido legislador y constituyente del Frente Grande). Pero además implementó por primera vez el Decreto 222/03, que permite la participación de la sociedad civil en el proceso de designación previo al acuerdo del Senado. En cambio, en las provincias prevalecen modelos signados por el vínculo con el poder político. Los procesos y mecanismos para presentar avales o impugnaciones y con audiencias públicas, son la excepción. Kirchner redujo el número de supremos a cinco cuando había siete jueces en funciones. No forzó renuncias, sólo estableció que habría que esperar a que se liberaran los lugares. Aunque se supone que la Corte nacional es un modelo a seguir por las provincias, esto no funciona así, de acuerdo con el relevamiento y análisis de Chequeado.

Las Cortes y Superiores tribunales tienen competencia para revisar discusiones de constitucionalidad, referidas a las Constituciones provinciales; asuntos electorales; conflictos entre municipios o jurisdicciones, delitos comunes, leyes y Códigos locales, asuntos de salud, vivienda y medio ambiente, entre otros. La relevancia que les atribuyen los gobernantes locales, a punto tal de preocuparse por nombrar a sus aliados, no tiene relación con la percepción que de ellos tiene la opinión pública, que es mucho menor. En San Juan, uno de los integrantes del superior tribunal, Adolfo Caballero, es más conocido, por ejemplo, por sus actividades extrajudiciales que por sus sentencias. Es presidente de la Confederación Gaucha Argentina.

 

Un viejo truco, repetido

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En nuestro país, caracterizado por una forma de gobierno representativa, republicana y federal, cada provincia dicta su propia Constitución, sus leyes internas y diseña sus instituciones. Según la investigadora y doctora en Ciencia Política Andrea Castagnola, en aquellas provincias cuyas constituciones no especifican cuál debe ser la composición de sus superiores tribunales, éstos resultan altamente vulnerables a la manipulación política “debido a que el número de integrantes puede ser modificado por una ley”.

Un relevamiento que hizo Castagnola de todas las cortes provinciales mostró que en 2009 el 71% de las provincias no fijaba en sus textos constitucionales el número de integrantes. Al hacer un análisis comparativo entre 1983 y ese año, encontró que 14 provincias modificaron la conformación de sus Cortes; siete de ellas lo hicieron una vez (Buenos Aires, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, San Juan y Santa Cruz), cuatro cambiaron dos veces (Río Negro, Salta, San Luis y Santiago del Estero), dos provincias cambiaron tres veces sus cortes (Formosa y La Rioja) y Misiones cuatro veces. En un cálculo global, el 68% de las provincias modificaron por lo menos una vez la conformación de sus cortes en 25 años. “La capacidad de ampliar y reducir el número de miembros ha sido una estrategia frecuentemente utilizada por los políticos provinciales para manipular el control de las Cortes Supremas”, afirma Castagnola en su trabajo “La diversidad institucional de los poderes judiciales provinciales en Argentina desde una perspectiva histórica”.

 

El 68% de las provincias modificaron al menos una vez el número de miembros de sus cortes.

 

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Igual que en Jujuy recientemente, otros gobiernos reforman sus Cortes para poder hacer más nombramientos, con la expectativa de tener su mayoría propia. Es un recurso utilizado desde tiempos inmemoriales que deja su huella y va sentando las bases de un funcionamiento judicial.

En Misiones, hasta 2003 la ley establecía que los jueces del STJ debían ser nueve. Ese año, por ley, se fijó en cinco, número al que se llegaría a medida que se fueran produciendo vacantes. A fines de 2005, cuando el STJ contaba con ocho miembros, el ex gobernador Carlos Rovira (Frente Renovador de la Concordia) llevó la cifra otra vez a nueve, por lo que se abrió otra vez una vacante. Rovira quería más. Ganó otro lugar con la destitución por juicio político de la jueza Marta Catella, quien paralelamente como jueza del Tribunal Electoral había fallado varias veces en contra del Frente Renovador. Y se generaron otras tres vacantes a través de un beneficio excepcional jubilatorio para los jueces que renunciaran en un plazo de 30 días, al que accedieron Luis Absi, Jorge Dionisi y Marta Poggiesse de Oudín.

Catamarca fue, hace poco, testigo de un caso similar. Tras ser reelecta, la gobernadora Lucía Corpacci envió un proyecto a la Legislatura provincial para llevar de tres a cinco el número de jueces de la Corte de Justicia local. El proyecto fue aprobado y la gobernadora pudo proponer dos nuevos jueces, que se sumaron a los tres actuales, vinculados con los gobiernos del Frente Cívico y Social (FCyS): uno de ellos, Luis Raúl Cippitelli, fue ministro de Justicia del ex gobernador Eduardo Brizuela del Moral (FCyS). A comienzos de noviembre asumieron los dos magistrados nombrados por Corpacci: Vilma Molina, ex jueza laboral de la provincia, y Miguel Figueroa Vicario, quien hasta su designación era asesor general del gobierno de la propia Corpacci.

También el gobernador Weretilneck amplió el máximo tribunal de Río Negro. En 2012 presentó un proyecto para que, al igual que en Catamarca, el STJ pasara de tres a cinco miembros. Una de las principales opositoras al proyecto fue la legisladora del Frente Para la Victoria (FpV) Ana Piccinini, quien fue compañera de fórmula del senador Miguel Pichetto en las elecciones provinciales de 2015. En 2013, con las vacantes abiertas por la ampliación, fue nombrada en el STJ su hermana, Liliana Piccinini, quien venía de ser procuradora general de la provincia.

Néstor Kirchner no aplicó cuando era gobernador de Santa Cruz la misma lógica que usó a nivel nacional para refundar la Corte. Muy por el contrario, en 1995 recurrió a la estrategia de la ampliación: elevó de tres a cinco el número de jueces del Tribunal Superior de Justicia de su provincia. Uno de los tres jueces que nombró en ese momento fue Jorge Ballardini, quien había sido asesor general y fiscal de Estado durante su Gobernación. Cuatro años más tarde, con otra vacante en el STJ, nombró a Carlos Zannini, quien había sido ministro de Gobierno de su gestión, legislador provincial del PJ y luego fue 12 años secretario Legal y Técnico durante su Presidencia y las de Cristina Fernández de Kirchner.

La misma reforma que amplió el TSJ de tres a cinco miembros en 1995 produjo otra modificación significativa en la Justicia local. El proyecto que aprobó la Legislatura de Santa Cruz dividió en dos el Ministerio Público provincial: fiscales por un lado y defensores por otro. Con esta nueva reglamentación, el Gobierno removió a quien era por entonces jefe del Ministerio Público unificado, el ex procurador Eduardo Sosa, con la excusa de que su cargo ya no existía. Sosa investigaba en ese momento al gobierno de Kirchner por la contratación de un estudio jurídico para negociar las regalías petroleras con la Nación. El caso por su desplazamiento llegó hasta la Corte Suprema nacional, que le dio la razón a Sosa y ordenó que le devolvieran su cargo, que era vitalicio. Los sucesivos gobiernos provinciales no cumplieron con esta obligación.

El gobernador de Entre Ríos Jorge Busti (PJ), en 1988 amplió el STJ de siete a nueve miembros, lo que abrió vacantes para que designe a su ex socio en su estudio jurídico de Concordia, Daniel Carubia, y a Carlos Alberto Chiara Díaz. Los dos continúan en el cargo. En su tercera Gobernación (2003-2007), nombró a otros cuatro jueces que continúan en el STJ, dos de su entorno: Claudia Mizawak, quien fue su abogada personal y fiscal de Estado de su gestión, y Emilio Castrillón, quien hasta su designación se desempeñaba como jefe del bloque de diputados del PJ en la Legislatura entrerriana.

 

No sólo pobres y pequeñas

El fenómeno que revela los vínculos entre las Cortes y los gobiernos no es exclusivo de las provincias más chicas o más pobres del país. En Santa Fe, el tercer distrito más poblado, el ex gobernador Carlos Reutemann (PJ) nombró en la Corte a su primo político, Rafael Gutiérrez; a su abogado personal, Eduardo Spuler; y a la entonces legisladora del PJ María Angélica Gastaldi. Con casi nueve años consecutivos de gobierno del socialismo, partido que no nombró a un sólo magistrado en el tribunal, los tres jueces siguen ocupando sus cargos en el máximo tribunal provincial. Durante su gobierno, Reutemann también nombró a Mario Netri, quien asumió reconociendo su amistad con el ex intendente radical de Rosario Horacio Usandizaga, durante muchos años el máximo referente provincial de la UCR.

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Así como Reutemann nombró familiares en la Corte de la provincia que gobernaba, el gobernador Ricardo Colombi designó en 2002 en el alto tribunal de Corrientes a su tío, Juan Carlos Codello, quien renunció en septiembre de 2014. Si bien a todos los actuales integrantes del STJ correntino los nombró él, los resultados de los fallos no siempre fueron favorables ni a él ni a su partido. En 2013, el máximo tribunal desestimó una causa iniciada por el radicalismo provincial para que algunos de sus intendentes pudieran presentarse para la re-relección. Esto dejó fuera de carrera a siete intendentes de la UCR.

El mismo tribunal, en agosto de 2012, confirmó el procesamiento del ex interventor de la provincia, el radical Oscar Aguad, actual ministro de Comunicaciones de la Nación, en una causa por administración fraudulenta que la Corte Suprema de la Nación declaró prescripta dos años más tarde. Para el reemplazo de su tío, en 2015, Colombi nombró a Luis Eduardo Rey Vázquez, quien se desempeñaba como fiscal de Estado de su Gobernación. En las provincias, la Fiscalía de Estado cumple una función similar a la que desempeña la Procuración del Tesoro a nivel nacional. Es decir que funciona bajo la órbita del Gobernador y su titular es el abogado del Poder Ejecutivo provincial.

En la Rioja, el ex gobernador Beder Herrera (PJ) nombró en el STJ local al suegro de su sobrino, el juez Mario Pagotto. En la misma semana designó a Luis Alberto Brizuela, quien trabajó en su gobierno y fue asesor del bloque del PJ en la Legislatura provincial.

“Los gobiernos eligen jueces a los que conocen para tener previsibilidad, aunque no siempre fallen a su favor. Suponen que es una garantía de que el control de constitucionalidad, en las reformas o leyes que quieran emprender, les va a ser favorable”, explica el politólogo Marcelo Leiras, director del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de San Andrés. Leiras estudió la relación entre las contiendas políticas y la autonomía de las supremas cortes en el país en “¿Quién quiere una Corte independiente? Competencia política y autonomía de las Cortes Supremas en las provincias argentinas (1984-2008)”.

Uno de los rasgos que advirtió es que los jueces o juezas de las cortes supremas provinciales suelen durar en sus cargos lo mismo o menos que los gobernadores que los nombran. Aunque tengan cargos vitalicios, dejan sus puestos antes. El promedio es 6,9 años de duración. El investigador parte de la base de que en muchas provincias los mandatarios son reelectos, por ende gobiernan ocho años.

 

Los jueces de las cortes provinciales suelen durar en sus cargos lo mismo o menos que los gobernadores que los nombran.

 

En el lapso que abarca su estudio encontró que hubo 89 jueces que dejaron sus cargos por razones “naturales” (renuncia, jubilación o fallecimiento) mientras que 173 se fueron por razones “políticas”, es decir, amenazas, presiones, denuncias, juicio político o retiros compulsivos. En 47 casos el cambio fue debido a una intervención federal en la provincia. En esas situaciones la falta de independencia es ostensible. El especialista observa que la independencia de las cortes está ligada a cuán fragmentado está el poder en la provincia y con qué frecuencia rota. “La fragmentación y rotación en el poder político reducen los riesgos de recambio de jueces por razones políticas. Si ambos factores son simultáneos, la protección es mayor. Cuando el poder está concentrado sólo la expectativa de recambio protege la autonomía judicial y si el recambio no es factible, sólo la fragmentación previene interferencias”, señala.

 

Sillas vacías

Tierra del Fuego vivió hace 15 años una situación de acefalía absoluta en su Poder Judicial. A poco de asumir, el gobernador peronista Carlos Manfredotti envió un proyecto de ley a la Legislatura provincial que disponía la jubilación obligatoria para magistrados que tuvieran un mínimo de cinco años de aportes a la Caja de Jubilaciones de la Provincia. Esto produjo el retiro del 100% de los jueces del STJ y del 83% de los jueces de Cámaras.

En reemplazo asumieron tres jueces: Ricardo Klass, María del Carmen Battaini y Mario Robbio. Jorge Colazo, el radical que reemplazó a Manfredotti, los tuvo de aliados. Fue sobreseído en una causa penal que los jueces del STJ declararon prescripta. También declararon inconstitucionales los cambios introducidos por la oposición legislativa al Presupuesto enviado por el Gobernador en 2005, aunque pocos días después, con una aclaratoria, anularon su propia sentencia. En 2005, cuando Colazo fue suspendido en su cargo en medio del juicio político en su contra, el STJ ordenó reponerlo. Al día de hoy sólo queda en funciones Battaini.

La jubilación compulsiva, como modalidad posible de remoción de jueces, es otro de los hechos que según la investigación de Castagnola atentan contra la independencia. Para ella también es dudoso, por ejemplo, que algunas provincias fijen la edad jubilatoria a los 65 años y otras a los 75. “Es mucha diferencia -dice-, también pasible de ser usada en provecho de la dirigencia política”.

 

Camino a la toga

A diferencia del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, el Poder Judicial es el único cuyos miembros no son elegidos democráticamente por el pueblo, sino por la dirigencia política. En la mayoría de las provincias del país, el método de designación es un espejo del que se aplica a nivel nacional: el Poder Ejecutivo propone un candidato y la Legislatura da su acuerdo. Lo que varía en algunos casos es la mayoría legislativa necesaria. Algunas jurisdicciones exigen mayoría simple, y otras una mayoría especial de dos tercios, como dispone la Constitución nacional para los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En 20 de los 24 distritos del país los jueces de los tribunales superiores de Justicia son nombrados por el Poder Ejecutivo con acuerdo legislativo. “Esto implica que tanto las designaciones como las remociones siempre obedecen a intereses del poder político, aunque también pueden estar vinculadas a intereses corporativos, por ejemplo, económicos. Eso a menudo se complementa con reformas para ampliar los tribunales, como en Jujuy y la mayoría de las provincias. Esto genera vulnerabilidad y falta un buen diseño que genere independencia”, señaló la abogada Elizabeth Gómez Alcorta, titular del Movimiento de Profesionales para los Pueblos y abogada de la dirigente Milagro Sala, presa en Jujuy.

 

En 20 de los 24 distritos los jueces de las cortes son nombrados por el Poder Ejecutivo con acuerdo legislativo.

 

Chaco es una de las provincias que tiene una regulación distinta. Desde 2012 utiliza un sistema similar al que rige a nivel nacional para los jueces de instancias inferiores a la Corte. Los postulantes a jueces del STJ deben pasar por un concurso público y de antecedentes ante un Consejo de la Magistratura, integrado por un representante del Poder Ejecutivo, dos legisladores, un miembro del STJ, un juez de instancias inferiores, un abogado de la matrícula de la Capital y otro del interior. Este Consejo evalúa, selecciona y propone y el Poder Ejecutivo designa.

En Río Negro también existe un Consejo que se encarga de las designaciones. Este órgano está compuesto por el Gobernador, 12 abogados (tres por cada una de las cuatro circunscripciones judiciales) e igual cantidad de legisladores. Son en total 25 miembros. Los candidatos son propuestos tanto por el Gobernador, como por, al menos, un 25% de los miembros del Consejo. “El Gobernador convoca al Consejo y lo preside, con doble voto en caso de empate”, dice la Constitución provincial.

En San Juan, los jueces de la Corte son elegidos por un Consejo de la Magistratura con acuerdo de la Cámara de Diputados provincial. Ese Consejo está integrado por dos abogados de la provincia, un legislador, un miembro de la Corte y un ministro del Poder Ejecutivo, y debe elevar una terna de candidatos a la Legislatura.

El de Tierra del Fuego es un caso similar. El Consejo de la Magistratura está integrado por un miembro del STJ, un ministro del Poder Ejecutivo, el fiscal de Estado de la Provincia, dos legisladores de distinta extracción política, y dos abogados de la matrícula. Este órgano debe proponer al Poder Ejecutivo los candidatos al STJ.

Salta está en el grupo de provincias con designación tradicional: propuesta del Ejecutivo y acuerdo del Senado provincial. Sin embargo, tiene un rasgo único, que la distingue de todos los tribunales del país y de los de la mayoría de la región: los jueces de la Corte en Salta tienen un mandato limitado por seis años. Es renovable mediante acuerdo legislativo por otros seis años de manera ilimitada. Esta cláusula se estableció en la reforma constitucional de 1998 y según la Federación Argentina de Magistrados es contraria a la Constitución nacional, ya que violaría el principio de estabilidad en el cargo que tienen los jueces.

A comienzos de los años ’80, había otras provincias con mandato limitado para los jueces de la Corte (Catamarca, Jujuy, La Rioja, San Juan y Tucumán) pero fueron adquiriendo mandatos vitalicios, con el argumento de que es uno de los factores que protegen la independencia. La politóloga Castagnola confirma que los mandatos por un período fijo pueden socavar la independencia de los jueces así como la legitimidad de sus decisiones. Su investigación determinó también que no suelen terminar su mandato. Entre 1984 y 2008 en Salta, la única que conservó el mandato acotado, se designaron 32 jueces, de los cuales 12 terminaron el mandato.

Uno de los jueces de la Corte salteña, Fabián Vittar, se pronunció en contra de la cláusula de la constitución local que fija el límite de seis años. En la Corte Suprema nacional hay actualmente en estudio un reclamo que plantea la inconstitucionalidad de este artículo. Vittar está en la Corte salteña desde 2008 y en 2014 renovó su mandato en el tribunal. Antes fue concejal, diputado provincial y candidato a vicegobernador por el Partido Renovador de Salta, aliado provincial del peronismo que conduce el gobernador, Juan Manuel Urtubey.

 

Transparencia

Otro aspecto que no contribuye a la legitimidad de los máximos tribunales provinciales argentinos es su escasa transparencia. En la mayoría de las provincias está aceitada la difusión de las sentencias pero son pocas las Cortes y superiores tribunales que tienen políticas de transparencia más amplias. Por ejemplo, solo tres (Chaco, Formosa y Mendoza) de las 24 provincias publican on line las declaraciones juradas de sus integrantes. En Chubut, sólo el juez Jorge Pfleger hace público su patrimonio. En ciertos lugares, como Río Negro, ni siquiera hay mecanismos rigurosos para controlar que los jueces efectivamente entreguen su declaración de bienes.

 

Sólo tres de las 24 provincias publican en internet las declaraciones juradas de sus integrantes.

 

El Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) publica desde 2014 un índice de transparencia de las justicias provinciales, basado en la publicidad que hicieron los tribunales de algunos ítems: normativa, presupuesto (y su ejecución), declaraciones juradas, datos de gestión, sentencias y acordadas, información sobre concursos, contratación de personal y compras públicas, entre otras cosas.

El informe de 2015 ubica a Formosa como la más transparente. Destaca que es la única que publica la declaración jurada de 20 de sus magistrados y como sus puntos fuertes señala la disponibilidad de información relativa al presupuesto y a la selección y remoción de magistrados y la publicación de un código de ética. En segundo lugar figura la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se destaca por sus “estrategias de capacitación”, los sistemas de control y la información sobre ejecución presupuestaria. En el otro extremo aparecen San Juan, La Rioja y Catamarca, como las menos transparentes. De San Juan señala que, junto con Jujuy, es la única que no publica los llamados a concurso, es una de las cuatro que no transparenta los cargos vacantes y una de las 11 provincias cuya información está centralizada en un sólo sitio web. Esto último es compartido por La Rioja, que además es la única que no publica datos sobre sus capacitaciones.

 

Mujeres al poder

Lejos del reclamo de igualdad de género que visibilizó #NiUnaMenos, la representación femenina no llegó a todas las cortes provinciales. Siete de las 24 están integradas únicamente por varones: Chubut, Corrientes, Formosa, La Rioja, Mendoza, San Juan y Santiago del Estero. Los superiores tribunales que más mujeres tienen son el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el de Chaco y el de Santa Cruz. En cada una de ellas son tres mujeres sobre cinco miembros. Son los únicos distritos donde el número de mujeres supera al de hombres.

 

Siete de las 24 cortes están integradas únicamente por varones.

 

“El derecho depende siempre, significativamente, del intérprete que ‘lee’ el Derecho. Este es un hecho empíricamente comprobado y que nos permite hablar de la necesidad de tener tribunales más heterogéneos e inclusivos para impedir que las lecturas del Derecho sean, como hoy, un reflejo tan fuerte de la sociología de nuestros tribunales superiores: mayoritariamente conformados por varones, católicos, de clase media alta, alineados políticamente con el poder de turno. Por eso, aunque no lo decimos, todos repudiaríamos una Corte sudafricana compuesta por hombres blancos o una Corte aquí, en los Estados Unidos o en cualquier parte sin mujeres o sin miembros de las minorías prominentes”, señala el constitucionalista Roberto Gargarella. Luego se pregunta: “¿Garantiza la presencia de esas figuras minoritarias, que estén representados en la Corte esos grupos o sus derechos defendidos? No. Pero como dicen tantos autores, la ausencia de ellos agrava los riesgos de que sus intereses y reclamos no sean comprendidos y procesados institucionalmente”.

Algunos sucesos recientes muestran que en las máximas instancias judiciales de las provincias todavía prevalecen ideas patriarcales y machistas que explican las dificultades para ampliar la representación femenina. Miguel Ángel Donnet, del STJ de Chubut, declaró hace algunos meses que “la presencia de las mujeres oxigena mucho, pero se debe preparar porque no deja de ser mujer y tiene las responsabilidades de la casa, hijos, estudio”. La afirmación recibió una ola de repudios. Es paradójico, porque fue el máximo tribunal de Chubut (aunque con una conformación anterior) el que tuvo una decisión de enorme trascendencia en derechos de las mujeres, como el fallo F.A.L, a través del cual permitió a una adolescente violada por su padrastro acceder a un aborto no punible.

En Tucumán también hubo un juez de su Suprema Corte que tuvo expresiones públicas machistas. A mediados de 2011, René Goane, quien aún continúa en el tribunal, expresó: “Desde que se intensificó el ingreso de personal femenino (a las dependencias judiciales) se trabaja menos tiempo (…). Quieren entrar a Tribunales para tener la tarde libre”.

Hace menos de un mes, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo (UCR), lejos de postular a alguna mujer para ocupar una vacante en la Corte Suprema local, propuso a un camarista, José Valerio, cuestionado por firmar fallos misóginos y homofóbicos y por dejar en libertad al principal acusado de las desapariciones de Soledad Olivera, de 28 años, y Johana Chacón, de 13 años, que ocurrieron con un año de diferencia en el departamento de Lavalle. Un fallo del superior tribunal local le había revocado esa decisión por falta de perspectiva de género. Además de camarista, Valerio había sido legislador de la UCR y funcionario del gobierno del radical Felipe Llaver en la década del 80.

 

Nuevos rumbos

Gargarella dice que se resiste “a tomar como algo dado a los sistemas institucionales que sirven a violaciones de derechos” y pone como el ejemplo a los sistemas político y judicial de Formosa al mando del gobernador Gildo Insfrán (PJ). “Sirven a graves violaciones -dice- en dos planos notables: la dependencia judicial y el uso de los servicios de inteligencia” para hacer espionaje ilegal. “Esto implica de por sí un status quo que no se puede aceptar y que requiere cambios”, advierte.

En las conclusiones de su investigación, Castagnola sostiene que “las grandes expectativas de la sociedad por una justicia imparcial e independiente se fueron socavando con el correr de los años, de ahí la caída llamativa en la imagen de la Justicia”, que fue empeorando desde los años ’80 (57% de imagen positiva en 1984 y 22% en 2008, señala la investigadora). “La Justicia como institución política aún continúa sujeta a los intereses políticos y requiere cambios en las reglas institucionales que garanticen su independencia”, cierra su trabajo sobre cortes provinciales.

Según Leiras, sin embargo, el enfoque puede ser otro: “Lo que entendimos es que la independencia de las cortes no depende tanto del sistema institucional como del sistema político, esto es, cómo está repartido el poder entre los partidos y cuán intensa sea la competencia. Más que reformar el sistema institucional con nuevas leyes o reformas constitucionales, es importante proteger la competencia política para reforzar la autonomía judicial”.

Más allá de las diferencias, el punto que une a todos los análisis es que la independencia de las cortes provinciales está en duda desde hace tiempo y que este rasgo hoy se potencia con una tendencia en la que el Poder Judicial, como sistema, ha ganado un enorme protagonismo en la vida política.

Los altos tribunales locales son a veces subestimados en la agenda pública, pero tienen enorme injerencia en sus provincias y son el modelo para sus tribunales inferiores. Por eso preocupan -y ocupan- a los gobernantes. A la vez, replican sólo parcialmente rasgos de la Corte Suprema de la Nación. Alguno de ellos negativos, como la falta de transparencia en el acceso a las declaraciones juradas de bienes de sus integrantes, aunque ellos a la vez admiten cada vez más la difusión de los fallos. Todavía no se advierte con claridad que se sumen a la campaña “anticorrupción” que fomenta el presidente del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti.

Los grandes riesgos a la vista, además de los favoritismos políticos, están en el respeto a los derechos elementales como en el caso de la detención de Sala (por la que el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas pidió liberarla y requirió un informe al Estado argentino), el espionaje en Formosa o el aval a las detenciones por portación de rostro en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

 

Fallos para todos los gustos

Los fallos de mayor incidencia política, social e institucional de la última década revelan la presencia de temas comunes a los debates legales y jurídicos provinciales así como otros distintivos de cada zona. Las peleas en materia electoral suelen definirse en los superiores tribunales de cada provincia, con desenlaces variados: hubo avales a intentos de reelección, como la de Gerardo Zamora (Frente Cívico) en Santiago del Estero y la de José Alperovich (PJ) en Tucumán. Daniel Scioli obtuvo aval de los supremos bonaerenses para postularse pese a tener domicilio en Capital Federal y Mauricio Macri pudo avanzar con el voto electrónico en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en cambio, en Corrientes, el superior tribunal les impidió a siete intendentes radicales aspirar a la reelección. En Santa Cruz, el TSJ avaló la ley de lemas en 2015. Algunos casos electorales llegan a la Corte Suprema de la Nación, que tiene la última palabra.

En ciertos expedientes se juegan hasta los principios culturales y religiosos: en Salta, por caso, un fallo del más alto tribunal avaló la educación religiosa obligatoria en las escuelas públicas. El expediente pasó en 2014 a la Corte Suprema de la Nación, que aún no se pronunció. La Corte salteña, además, había rechazado el reclamo de una mujer que quería ser chofer de una línea de colectivos porque, decía, no había probado que la discriminaban por su condición femenina. Luego la Corte nacional revocó esa sentencia.

Ciertos fallos hablan de la posible relación de las Cortes con los poderes fácticos. Está en juego cuando hay grandes empresas involucradas. En Córdoba, el tribunal falló a favor de la instalación de una planta cuestionada de Monsanto y en otro dictó una condena por el uso de agroquímicos cerca de una población. En el primero estaba implicada una gran empresa, en el segundo los acusados eran un productor individual, Francisco Parra, y un aeroplicador, Edgardo Pancello.

El accionar policial está también, de distintas maneras, bajo la lupa de varias de las Cortes locales. Los desenlaces son de todo tenor. En Chubut mandó a hacer de vuelta dos juicios contra policías, en un caso por el asesinato de Julián Antillanca a la salida de un boliche en octubre de 2010, por el que habían sido absueltos; en otro por el abuso sexual sufrido en 2012 por el menor de 12 años Maximiliano Almonacid en una comisaría de Trelew. En la Ciudad de Buenos Aires, la policía obtuvo luz verde para pedir documentos por la simple sospecha y la Policía Metropolitana fue autorizada a utilizar pistolas Taser, consideradas letales por organismos internacionales. En Río Negro, un fallo autoriza a detener adolescentes en situación de calle.

En materia penal las decisiones son heterogéneas según la provincia. Entre Ríos fue pionera en establecer criterios para limitar la prisión preventiva. Las Cortes locales han revisado en varios casos los códigos procesales aprobados por sus respectivas Legislaturas. En Santa Fe, avaló la reforma procesal penal.

Por último, las Cortes dirimen también algunos de los grandes temas de la agenda pública, como el tarifazo y las jubilaciones.

 

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