Amenaza tóxica

Política 19 de noviembre de 2016 Por
Lo peor del mundo en 2013: el top 10 de amenazas tóxicas
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(JesusRodríguez.com.ar – CABA)  Así se titula un informe divulgado por el Blacksmith Institute y la Green Cross de Suiza unos años atrás. En esa corta lista negra -junto a lugares como Linfen y Tianyng (China), Chernobyl (Ukrania), y Ranipet y Sukinda (India)- está la Cuenca Matanza-Riachuelo.

La amenaza tóxica argentina abarca una superficie de 2.338 kilómetros cuadrados en torno a un río sin oxígeno que contiene altos niveles de mercurio, zinc, plomo y cromo, así como rastros de insecticidas, cianuro, cadmio, fenoles y compuestos químicos más típicamente cloacales que fluviales.

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La investigación citada se realizó a lo largo de más de siete años y fueron relevados 3.000 sitios contaminados. Los criterios para la selección fueron la cantidad de población humana afectada (sobre todo infantil), la potencia de los tóxicos involucrados y la existencia o no de planes de acción y estudios de impacto.

Estamos en 2016 y la amenaza sigue tan vigente como la contaminación que producen la basura y las miles de empresas instaladas en la Cuenca.

El jueves 17 de noviembre , en la sesión de Colegio de Auditores Generales de la Nación, aprobamos dos informes que muestran la ineficacia del Estado para reparar el daño ambiental, detener la degradación y garantizar la calidad de vida de una población estimada de tres millones de personas en la zona de influencia del Riachuelo, en especial las más de 20.000 familias que habitan en villas cercanas a la vera del río y están expuestas a enfermedades crónicas y fatales derivadas de la contaminación del agua y el aire que las rodea.

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La Auditoría General de la Nación (AGN) aprobó en 2006 el primer informe sobre gestión ambiental en la Cuenca, que analizó las acciones del Estado entre 1995 y 2005. El informe alertó sobre el gran riesgo sanitario bajo el que vivían los habitantes de la zona (especialmente en Avellaneda, Lanús y Lomas de Zamora) y fue uno de los elementos probatorios de la Causa Mendoza que falló a favor de los vecinos demandantes y obligó a poner en marcha un plan de saneamiento a los demandados (autoridades de Nación, Ciudad y Provincia). La AGN fue elegida por la Corte Suprema para realizar el seguimiento de la ejecución presupuestaria del ese plan por parte de la autoridad de Cuenca (ACUMAR), creada tras el mandato judicial.

El ex Presidente de la AGN, el radical Leandro Despouy, mantuvo un estrecho vínculo con los vecinos, las sociedades civiles, la Defensoría del Pueblo, la Corte Suprema de Justicia y otros actores involucrados en la búsqueda de soluciones para la Cuenca a lo largo de los últimos años y publicó un detallado dossier sobre el proceso y los hallazgos y recomendaciones de la AGN. Su contribución al cuidado del medio ambiente sin duda influyó para que la Fundación Konex esta semana le diera una Mención Especial entre las 100 personalidades destacadas de la década 2006-2015 relacionadas a las Humanidades Argentinas.

Si bien el fallo de la Causa Mendoza puso en marcha una maquinaria sin precedentes para atender la situación de contaminación en la Cuenca y se han logrado algunos avances, sobre todo en la remoción de chatarra y limpieza superficial, la AGN ha verificado año tras año que los progresos son lentos y parciales y que faltan indicadores coherentes para medirlos. Se suma la enorme burocracia de tres jurisdicciones que no se ponen de acuerdo, cambios permanentes de autoridades y ausencia de transparencia en el manejo de los fondos públicos.

 

Las principales conclusiones de las auditorías aprobadas esta semana -cuya síntesis puede ser consultada aquí– son:

De la auditoría de gestión ambiental (2011 – 2015), que se concentró en dos de las 14 líneas de acción del plan de saneamiento, surgió que, en el caso del ordenamiento ambiental del territorio, no había siquiera un plan de acción definido; con respecto a la relocalización de familias sólo se había cumplido 14% de la meta acordada con los municipios de la Cuenca y en esos pocos casos se entregaron viviendas que presentaban vicios ocultos de construcción. A pesar de estos resultados magros, las líneas auditadas insumieron 31% de los $21.919 millones del presupuesto PISA entre 2011 y 2014.

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De la auditoría de convenios y contrataciones llevados adelante por la autoridad de la Cuenca (ACUMAR) en el período 2013, surge una tendencia a eludir en forma permanente las normas que garantizan el adecuado uso de los fondos públicos. Se verificaron diferencias significativas en el costo pagado para limpiar las márgenes del río entre un municipio y otro (Ej.: mientras en Almirante Brown se pagaron $89.334, en Lanús por el mismo trabajo se erogaron $1.620.029). El análisis de la AGN fue limitado porque la ACUMAR retuvo parte de la información requerida, en particular una veintena de expedientes sobre convenios firmados con terceros, principalmente con las universidades nacionales de Lomas de Zamora y La Plata.

La primera promesa de limpiar el Riachuelo la hizo el Primer Triunvirato en 1811, debido a que gran parte de la población sospechaba que la propagación de enfermedades epidémicas de la época se debía a las aguas contaminadas por la grasa, vísceras y otros residuos orgánicos que los mataderos, saladeros y curtiembres arrojaban al Riachuelo. Más de dos siglos después, la promesa permanece sin cumplir. La nueva meta es 2023. Para alcanzarla, la ACUMAR -con el compromiso de las más altas autoridades del Estado Nacional y de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires- debe resolver sus problemas y apretar el acelerador.

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