Para echar luz

Política 14 de febrero de 2017 Por
Sin duda, el caso del Correo Argentino –con todas sus aristas- debía estar en la mira de Procuraduría del Tesoro de la Nación. Y así fue, su titular ordenó –en la jornada de este pasado lunes 13 de febrero- que todo se audite
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(www.enter-ate.com.ar – Gral. Pico – CABA)  La resolución, rubricada por Carlos Balbín –el Procurador del Tesoro de la Nación, PTN,- ordena que se dé inicio a una auditoría sobre todos los funcionarios públicos que intervinieron desde 2001 hasta hoy en el juicio entre el Estado Nacional y el Correo Argentino S.A., y de los involucrados por la parte empresaria en la deuda de la compañía.  

El artículo 2° de la resolución encomienda la investigación a la Dirección Nacional de Sumarios e Investigaciones Administrativas y en el 3° ordena a la Dirección Nacional de Auditoría que revise "la actuación de los representantes del Estado Nacional en los autos caratulados Correo Argentino S.A. s/ Concurso Preventivo (Expte. N° 94360/01) y sus incidentes, en trámite ante la Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial".

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En los considerandos, la resolución explica que responde a un pedido del Fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas, Sergio Leonardo Rodríguez, quien "se refirió a la eventual falta de competencia en la actuación que les cupo a los funcionarios públicos" y también "aludió a la posible violación de la ley N° 25.188 y del Código de Ética aprobado por decreto 41/99".

Cabe recordar que el Correo Argentino –fue concesionado al Grupo Socma, es decir a la familia Macri, de la que desde hace más de un año Mauricio es el Jefe del Estado Nacional- tuvo sus vericuetos, sus lados oscuros y que a la llegada de Néstor Kirchner a la más alta investidura del país fue estatizado dando superávit luego de años de balances negativos.

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La PTN destaca que está entre sus deberes y facultades "promover la investigación de la conducta administrativa de los agentes integrantes de la administración nacional centralizada y descentralizada y de las empresas, sociedades y todo otro ente en que el Estado tenga participación. En todos los supuestos, las investigaciones se realizarán por el solo impulso de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) y sin necesidad de que otra autoridad estatal lo disponga, sin perjuicio de ajustar su proceder a las instrucciones generales que imparta el Procurador General de la Nación".

En otro segmento de la resolución, precisa que si en la investigación "resulten comprobadas transgresiones a normas administrativas, el Fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas pasará las actuaciones con dictamen fundado a la Procuración del Tesoro de la Nación o al funcionario de mayor jerarquía administrativa de la repartición de que se trate", y aclara que esas actuaciones "servirán de cabeza del sumario que deberá ser instruido por las autoridades correspondientes".

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En cuanto al alcance de la investigación, la resolución de la PTN señala que la auditoría que ordena debe ser "desde el inicio del proceso judicial, conforme a lo solicitado por la Procuraduría".

Vale decir que,  el inicio de esta auditoría implica un sumario administrativo sobre el director general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones, Juan Carlos Mocoroa, quien firmó el acuerdo con el Correo que fue objetado el jueves último –el 9 de febrero pasado- por la fiscal de la Cámara Comercial, Gabriela Boquín, por abusivo y perjudicial para el interés público porque, según consideró, implica una condonación de gran parte de la deuda de la empresa con el Estado.

En la auditoría se analizará la actuación de cada funcionario que haya intervenido en el juicio que el Estado le inició al Correo por la falta de pago desde 2001 del canon por la concesión que recibió el Grupo Socma.

Las estimaciones numéricas indican que el Grupo empresario al haber incurrido en el no pago del canon le ocasionó al Estado argentino un perjuicio cercano a los 70 mil millones de pesos, algo así como unos 4120 millones de dólares en rojo.

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