Familia o Estado, ¿quién nos tiene que cuidar?

Mensaana 30 de marzo Por
¿Te has puesto a pensar alguna vez quién te cuidaría si llegaras a necesitar la ayuda de otra persona para realizar actividades tan cotidianas como tomar medicamentos, subir y bajar escaleras, bañarte, ir de compras, alimentarte o ir a tus controles de salud?
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(Iadb.org – Stgo. de Chile – por Patricia Jara Males *)  Por lo general asociamos esta imagen al envejecimiento y si bien la probabilidad de depender de la ayuda de otros aumenta con la edad, también puede originarse por anomalías congénitas o por una enfermedad, accidente, lesión o patología que genere discapacidad, en cualquier momento de la vida.

A la condición de ser capaz de realizar nuestras actividades de la vida diaria se le llama autonomía, y cuando no es posible realizarlas y se requiere de algún tipo de apoyo, vivimos en situación de dependencia ya sea leve, moderada o severa. En cualquier caso, es altamente probable que una buena parte de nosotros necesite de algún tipo de apoyo alguna vez, al menos por las condiciones propias que acompañan la vejez.

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No cabe duda que Chile es uno de los países de la región donde este tipo de preguntas se vuelve cada vez más relevante. De acuerdo al Estudio Nacional de la Dependencia de los Adultos Mayores de 2010, basta con mirar lo que ocurre con las personas mayores, sus necesidades de cuidado y las condiciones con que contamos para resolverlas:

Uno de cada tres hogares tiene al menos una persona mayor y una de cada cuatro personas mayores está en situación de dependencia.

Por cada 100 personas en edad de proveer cuidados (esto es, entre 15 y 59 años) ya hay 60 en edad de recibirlos (es decir, personas entre 0 y 14 años y personas de 60 y más).

Tres de cada cinco personas mayores son jefes o jefas de hogar, y uno de cada diez mayores vive solo.

Uno de cada cinco personas de 60 o más años tiene discapacidad severa y más de un tercio de los adultos mayores residentes en establecimientos de larga estadía presenta dependencia severa.

Más del 90% de los cuidadores son familiares, lo cual significa que hasta ahora, el cuidado de las personas mayores se resuelve al interior de los hogares, siendo asumido en su gran mayoría por mujeres mediante un trabajo doméstico no remunerado de alta exigencia y de 12 horas diarias de dedicación.

Hasta ahora el tema de los cuidados no ha sido explícitamente objetivo de las políticas de protección social, probablemente por el hecho de haber sido asumido por la familia. Sin embargo, los tiempos cambian y no sólo se hace evidente la escasa oferta de cuidados en el mercado, disponible solo para sectores de ingresos altos, sino que comienza a disminuir la disponibilidad de cuidadoras al interior de las propias familias, lo cual genera mayor presión por una mayor responsabilidad del Estado en los cuidados.

 

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Dos tendencias igualmente válidas

Esto se cruza, además, con dos tendencias importantes que vale la pena considerar, y que influyen decisivamente en el llamado a una mayor responsabilidad pública por atender a las necesidades de cuidado de las personas dependientes. Por un lado, el reconocimiento del derecho a recibir cuidados. Y por otro, la reivindicación del derecho de las otras personas a no cuidar.

A todas luces esto abre un debate interesante. Sobre lo primero, porque implica encontrar fórmulas viables que hagan posible financiar ese derecho, más si se aspira a consagrarlo como universal; y sobre el derecho a no cuidar, por las implicancias que eso tiene para las estrategias de sustitución de los cuidados familiares. Esta tensión entre funciones, al menos obliga a replantearse la actual distribución de carga de cuidado entre el Estado, las familias, el mercado y la sociedad civil.

Esta corresponsabilidad sin duda parte por el propio ciudadano mediante la adopción de estilos de vida saludables que ayuden a prevenir la dependencia. Independiente de quién asuma la tarea de cuidar cuando ya se necesita de otros, la primera tarea es la del autocuidado. Pero por otro lado, implica implementar políticas en las que se provean y financien servicios centrados en las necesidades de apoyo y atención de las personas, se garantice cobertura y acceso a los dependientes más vulnerables, principalmente si son de hogares de bajos ingresos. Y, se requiere de medidas que den soporte a la tarea familiar del cuidado.

 

Los avances de Chile

Chile avanza en ese sentido con pasos importantes que vale la pena mirar de cerca. El Ministerio de Salud, por ejemplo, ha implementado una línea de atención domiciliaria para personas con dependencia severa (aquella en la que una persona tiene limitaciones funcionales críticas y por lo tanto depende siempre de otros, como las personas que se encuentran postradas o las personas que tienen algún tipo de demencia), que son usuarias del sistema de atención primaria de salud y que tienen múltiples necesidades asociadas a esa condición.

La intervención consiste, básicamente, en una atención integral en el domicilio proporcionada por equipos tratantes que visitan a las personas en sus hogares por el alto riesgo que presentan por sus condiciones de salud, incluyendo la provisión de algunos cuidados paliativos. Es un modelo interesante que se visualiza como una innovación promisoria para la atención primaria de salud, considerando que, de acuerdo al Ministerio de Salud de Chile, por una inversión menor a 900 mil dólares, en un año se pudo atender a más de 30.000 adultos mayores.

En ese empeño avanza también Chile Cuida, un programa piloto que busca compensar la sobrecarga del trabajo de cuidado de las mujeres en el hogar poniendo a su disposición un servicio a tiempo parcial de cuidadoras remuneradas, capacitadas especialmente para el buen cumplimiento de esta tarea, las que visitan y permanecen en el hogar dos veces por semana, asistiendo a las personas mayores que presentan dependencia moderada o severa, ofreciendo además otras alternativas de apoyo específico a las cuidadoras familiares como parte del respiro.

No cabe duda que, aunque ejemplos como éstos son avances importantes para la construcción de un sistema de atención a la dependencia, todavía queda mucho camino que recorrer porque las necesidades superan la oferta que hoy existe y porque es necesario desarrollar nuevas alternativas para cuadrar esta corresponsabilidad en torno al cuidado.

¿Cómo se trata el cuidado de las personas dependientes en tu país? ¿Crees que el modelo de Chile podría ser adaptado a las necesidades de otras poblaciones? Cuéntanos en la sección de comentarios o mencionando a @BIDgente en Twitter.

 

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(*) Patricia Jara es socióloga en la División de Protección Social y Salud del Banco Interamericano de Desarrollo en la oficina de Chile

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