Autoridades de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) incautaron más de 60 toneladas de materias primas y clausuró dos establecimientos de la mediterránea y argentina provincia de Córdoba, tras detectar irregularidades con granos y sus derivados
Maniobras fraudulentas; detectadas por la AFIP 29/03/2023 Enter - ate - General Pico - Córdoba(www.Enter-ate.com.ar – General Pico – Córdoba) Agentes de la Dirección General Impositiva (DGI) constataron las inconsistencias tras llevar adelante una fiscalización presencial en una de las principales destilerías del país y en un centro de acopio, informó hoy la AFIP.
En la capital provincial, las áreas especializadas de la AFIP -a través del seguimiento y monitoreo en la registración de los movimientos sistémicos de una importante destilería- habían advertido un atraso considerable en la declaración de los ingresos y salidas de las materias primas utilizadas en la actividad del establecimiento.
Los inspectores de la entidad constataron que el atraso en los registros superaba los 60 días y que el volumen de cereal en los depósitos era notablemente inferior a lo declarado.
La diferencia de las existencias ascendía a más de 4.300 toneladas de maíz, 170 toneladas de cártamo y 97,3 toneladas de soja, equivalente a la capacidad de carga completa de 152 camiones, con un valor estimado en más de $280 millones.
La presunta maniobra de la firma habría consistido en la utilización de los granos para la elaboración de alcohol o bebidas espirituosas para luego comercializarlo en el mercado informal.
La normativa de la AFIP establece que los operadores del comercio de granos, incluidas las destilerías, están obligados a un régimen de registración sistémica de movimientos y existencias de granos no destinados a la siembra, que permite un adecuado seguimiento y control de las operaciones involucradas.
La falta de cumplimiento de esta disposición facilita la evasión de las obligaciones fiscales, a la vez que resta transparencia a las operaciones de comercialización.
En tanto, en la localidad cordobesa de Tancacha, la DGI interdictó 60 toneladas de expeller de soja y 2,5 toneladas de aceite de soja, valuadas en $6 millones.
El personal del organismo acudió a un acopio y mediante un control de facturación, recuento físico de granos, mercaderías y subproductos comprobó que la firma no poseía el respaldo documental ni documentación que demostrara su propiedad, por lo que también se le impuso una sanción de clausura por cuatro días.
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