Bolivia: crisis económica y repliegue del Estado, un proceso deliberado

(www.CarasyCaretas.com.uy – Montevideo – Por Adriana Salvatierra *) Tras catorce años de gobierno liderado por Evo Morales, el golpe de Estado de 2019 provocó una grave crisis política, social, institucional y económica en Bolivia, profundizada por la pandemia. A pesar de ese contexto adverso, los sectores populares que sostuvieron el Proceso de Cambio lograron recuperar el poder en 2020 con una victoria contundente. La razón de esa victoria se debe a una triada ampliamente difundida: en lo económico, la nacionalización de recursos estratégicos y recuperación de empresas estatales; en lo social, la redistribución de la riqueza que logró sacar a más de tres millones de bolivianos de la pobreza; y en lo político, una nueva Constitución que debatió las bases del Estado Plurinacional.

Durante el gobierno de Morales, el Modelo Económico Plural se sustentó en la capacidad del Estado para generar excedente, estabilizar la política fiscal, redistribuir la riqueza e industrializar los sectores estratégicos. Ese esquema fue defendido por Luis Arce en su condición de Ministro de Economía y luego apropiado para presentarse como el principal artífice del modelo, asegurando que su aplicación rigurosa permitiría superar la recesión postgolpe; sin embargo, un cúmulo de decisiones erradas, omisiones estratégicas, la corrupción y el retroceso del Estado como actor económico central, arrastraron a la gestión de Arce al borde de colapso.

La desconexión entre discurso y gestión

Durante el gobierno de Morales, las exportaciones estatales representaban entre el 35% y el 50% del total; con Arce, apenas alcanzan un promedio del 26%. La disminución del peso del Estado en las exportaciones debilitó su capacidad para cumplir funciones redistributivas, estabilizadoras y productivas.

La caída en la producción de gas natural es ilustrativa: de 55 millones de metros cúbicos diarios (MMmcd) en 2019, se pasó a 31 MMmcd en 2024. La respuesta oficial culpó a la falta de inversión en exploración durante gestiones anteriores, evadiendo responsabilidades y omitiendo alternativas que ya estaban en marcha desde 2017. Sin embargo, la propuesta estrella del Gobierno de sustituir la importación de diésel con biocombustibles hechos en Bolivia no se materializó en 5 años de gestión. Se comprometió la construcción de tres Plantas Industriales de Biocombustibles para cubrir el 65% de demanda nacional, pero una vez presentados los proyectos a diseño final, estos apenas cubrían el 26%. Además, tenían serios problemas para garantizar la materia prima y dificultades en la importación de tecnología debido a las restricciones cambiarias.

Oportunidades perdidas: litio y energía

En el entendido de una posible disminución de los volúmenes de producción hidrocarburífera, Morales había apostado a diversificar la matriz productiva nacional con proyectos estratégicos: industrialización del litio y exportación de energía eléctrica. En el caso del litio, desarrollando tecnología propia con profesionales bolivianos, se instalaron cuatro plantas piloto para producir cloruro de potasio, carbonato de litio, materiales catódicos y baterías. Finalmente, en 2017 se inauguró la Planta Industrial de Cloruro de Potasio y en 2018 inició la construcción de la Planta Industrial de Carbonato de Litio que hasta el Golpe de Estado tenía un avance de 80%. Jeanine Añez y la pandemia paralizaron la construcción y provocaron el deterioro de la infraestructura; y en vez de concluir la obra, el gobierno de Arce optó por desechar el proyecto en curso para explorar nuevas tecnologías de extracción directa (EDL) prometidas por empresas extranjeras, que nunca llegaron al país. El resultado fue perder los años de precios históricos del litio (2022–2023), cuando la tonelada osciló entre los $us 40.000 y $us 80.000. En el caso de la Planta Industrial de Cloruro de Potasio, para el cuarto año de gestión de Arce, la factoría apenas operaba al 35% de su capacidad, similar a lo dejado por Añez. Una lógica análoga afectó el proyecto “Bolivia, corazón energético”, que desde 2010 impulsó inversiones por $us 1.300 millones en generación eléctrica y acuerdos comerciales con países vecinos. El golpe cerró el Ministerio de Energía creado en 2017 y el gobierno de Arce nunca reactivó la planificación exportadora. Hoy, solo Argentina importa una parte de la energía boliviana, desperdiciando un potencial estratégico.

El caso del oro: la paradoja de la abundancia

Desde 2022, las exportaciones privadas de oro superaron en valor a las de gas natural. Sin embargo, al no ser estatalizadas, apenas contribuyen con regalías departamentales; por tanto, su importancia reside en la capacidad de traer dólares producto de la exportación, misma que se vio limitada por medidas contraproducentes del propio gobierno. La Ley del Oro, aprobada en mayo de 2023, permitió monetizar las reservas auríferas del Banco Central. Bolivia pasó del 5º al 7º lugar en reservas de oro en la región, reduciendo sus tenencias de 42,5 a 22,45 toneladas. En ese proceso se vendieron más de $us 1.100 millones en oro sin que la crisis cambiaria se contenga. A mayo de 2024, apenas se habían refinado y repuesto 2,6 toneladas nuevas, aún sin certificación internacional. Simultáneamente, la Resolución Nº 156/2023 del Banco Central impuso cupos para la exportación privada de oro. Resultado: en 2022 se exportaron $us 3.225 millones; en 2024, solo $us 686 millones. Las exportaciones se desplomaron cinco veces, erosionando una de las principales fuentes de divisas del país.

La crisis cambiaria: un error autoinfligido

Con la caída de las reservas internacionales, el gobierno utilizó los Derechos Especiales de Giro, vendió oro monetario y finalmente recurrió a medidas de emergencia. El Banco Central rompió la estabilidad cambiaria —mantenida por 11 años en Bs. 6,96— creando un tipo de cambio diferencial para exportadores. Esto incentivó la especulación y drenó aún más las reservas. Se restringió el retiro de dólares en el sistema financiero, y hasta la fecha, las personas no pueden acceder libremente a sus depósitos en divisa extranjera. En marzo de 2025, Arce emitió el Decreto Supremo N° 5348 autorizando a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) a comprar dólares a través de activos virtuales que garanticen la adquisición de combustibles; sin embargo, el resultado fue desastroso, el dólar paralelo pasó de Bs. 11 a Bs. 20, obligando al gobierno a eliminar dicha autorización.

Balance electoral: de 55% a 1% en 4 años

La política económica de Arce implicó un repliegue consciente del Estado, una pérdida deliberada de protagonismo en sectores estratégicos y una improvisación que compromete la estabilidad a largo plazo. Se desmantelaron proyectos industriales clave, se descuidaron las exportaciones estatales y se agudizó la dependencia de las reservas internacionales. La combinación de desabastecimiento, inflación y falta de dólares llevó a una crisis multidimensional. Entre mayo de 2024 y abril de 2025, la inflación acumulada superó el 15%, y sólo en los primeros cuatro meses de 2025 alcanzó el 6%. Según la CEPAL, Bolivia y Argentina presentaron los niveles más altos de inflación alimentaria de la región. Esta situación se agravó por el desabastecimiento crónico y periódico de combustibles desde fines de 2023, lo que arrastra a miles de familias a peregrinar horas e incluso días por gasolina o diésel. Las últimas acciones de Arce para contener la inflación implicaron profundas contradicciones: prohibieron exportaciones de carne, soya y aceite y en paralelo, liberaron aranceles para importar alimentos e insumos de limpieza. Ambas decisiones golpearon la producción nacional, desincentivaron la inversión agrícola e impactaron negativamente en la autosuficiencia alimentaria. Arce, electo con el 55% en 2020, termina su mandato con apenas 1% de intención de voto. Renunció a su candidatura presidencial y si decide participar a través de su ex ministro de gobierno, arriesga la cancelación de la sigla del MAS-IPSP, partido que ganó cinco elecciones consecutivas desde 2005 y hoy, gracias a Arce, arriesga su desaparición.

(*) Adriana Salvatierra, boliviana. Licenciada en Ciencias Políticas. Maestría en Derechos Humanos y Democratización en América Latina. Presidenta del Senado Boliviano en 2019.

FUENTE: Diario Red.