Día del Periodista: Desde 1983, el gobierno de Milei es el que realizó más ataques graves a periodistas y medios

(www.EnRedaccion.com.ar – Córdoba – Por Fabián García) Por primera vez, desde 1983, existe un ataque sistemático contra la libertad de expresión y el derecho de la ciudadanía a estar informada, con centro en la acción del Estado y de lo que podría definirse como grupos “para oficiales” que operan en las redes sociales, vía principal de propaganda del gobierno. El menú de acciones incluyen agresiones, estigmatización y hostigamiento verbal; represión, detención y heridas a periodistas y fotógrafos durante coberturas periodísticas; la eliminación de la publicidad oficial; la opacidad de la asignación publicitaria que realizan las empresas públicas o con mayoría estatal, como Aerolíneas, Banco Nación o YPF; discriminación publicitaria de medios; de modo ilegal se eliminó la agencia Télam el año pasado; el incremento de restricciones en el acceso a la información pública; la discriminación para el otorgamiento de acreditaciones a periodistas y medios que cubren la actividad del presidente; la apertura de causas judiciales contra periodistas; y el posible espionaje sobre la actividad de periodistas y medios. A ello, debe agregarse que el presidente no brinda conferencias de prensa de manera regular -si lo hacen varios de sus funcionarios- y solo participa de algunas pocas entrevistas con medios y periodistas cercanos. La mayoría de sus expresiones públicas se realizan a través de la Red X -donde no hay preguntas ni repreguntas- y en conversaciones o pseudo entrevistas propagandísticas con conductores afines (por ejemplo, con Jonathan Viale, Alejandro Fantino o el Gordo Dan).

Este conjunto de hechos indica la presencia de una definición y una política estatal y paraestatal dirigida a condicionar, limitar y ahogar económicamente a la actividad periodística. Esto es, que no pueda cumplir con su función central a la democracia, como es brindar información de calidad, investigar, analizar, opinar y controlar al poder en sus diferentes expresiones -gubernamental, económico, político, sindical, etc.-. El periodismo es un pilar y un canal para que la sociedad pueda ejercer sus derechos de libertad de expresión y acceso a la información.

Desde el regreso de la democracia hasta la actualidad, los ataques a los medios de comunicación y sus trabajadores estuvieron tuvieron direccionadas a actores puntuales del sistema y no alcanzaron semejante despliegue de intervenciones de política pública. Por ejemplo, ninguno de los gobiernos puso en marcha un ataque de esta magnitud contra la actividad periodística, tanto por la cantidad de episodios como por el involucramiento de la más alta autoridad del país, que según el monitoreo del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) resulta el principal protagonista de las agresiones desde el Poder Ejecutivo.

Señala, en esta línea, el informe de la Relatoría de Libertad de Expresión (RELE) de la ONU, que “estas expresiones están frecuentemente dirigidas a periodistas y medios que han publicado información crítica o cuestionamientos a políticas gubernamentales. La RELE advierte que éstos no constituyen hechos aislados, sino que forman parte de lo que el gobierno ha denominado una “batalla cultural”, que incluiría el señalamiento de determinados comunicadores y medios como opositores o enemigos”.

Dentro de este escenario, en los últimos 42 años, el ataque más grave a la actividad periodística fue el asesinato del reportero gráfico, José Luis Cabezas (revista Noticias), el 27 de enero de 1997, en Pinamar, a manos de una banda conformada por marginales y el aparato de seguridad del empresario telepostal, Alfredo Yabrán, con protección de la Policía bonaerense. En 1997, el país era gobernado por Carlos Menem y la provincia de Buenos Aires, por Eduardo Duhalde.

En tanto, el 12 de marzo de este año, el reportero gráfico free lance, Pablo Grillo, recibió el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno en su cabeza, disparado por un efectivo de Gendarmería Nacional. Grillo salvó su vida de milagro y recién tres días atrás fue dado de alta del Hospital Ramos Mejía. Afronta ahora una compleja rehabilitación en otro hospital público. El accionar de las fuerzas de seguridad federales se encuentra bajo el mando de la ministra de Seguridad del gobierno nacional, Patricia Bullrich. El disparo del gendarme, como probaron las secuencias fotográficas obtenidas por colegas de Grillo, fue realizado de modo anti-reglamentario (paralelo al piso) por eso terminó hiriendo al trabajador de prensa durante la represión indiscriminada de una protesta de jubilados frente al Congreso Nacional. El gobierno trata de obstruir la investigación, según la denuncia del padre del trabajador, quien informó que los videos y audios entregados por la Gendarmería Nacional y la Policía Federal presentan “inconsistencias, vacíos temporales y fragmentación”, lo que compromete la integridad del material probatorio.

El listado de las principales acciones realizadas por el gobierno nacional son las siguientes:

-Además del grave ataque a Grillo, se produjeron agresiones y detenciones durante coberturas informativas de movilizaciones y actos públicos de periodistas, reporteros gráficos y camarógrafos. En distintas oportunidades, varios de ellos fueron heridos con disparos de balas de goma o afectados por el uso de gas pimienta.

-El periodista del diario La Nación, Hugo Alconada Mon, denunció en el mes de mayo que la SIDE (Secretaría de Inteligencia del Estado) resolvió en su Plan de Inteligencia Nacional (PIN) realizar acciones de inteligencia interior, ubicando como blancos de esta operación, entre otros grupos, a los periodistas. El periodista denunció que actores no identificados intentaron hackear sus cuentas de WhatsApp y Red X, a la par que recibió insultos, amenazas, intentos de acceso a su correo electrónico y la creación de perfiles falsos en plataformas pornográficas utilizando su nombre.

-Por otro lado, la Relatoría de Libertad de Expresión de Naciones Unidas, en su informe sobre la situación de la Prensa en argentinas, en 2024, informó que “tuvo conocimiento de acciones judiciales contra trabajadores de prensa por su labor informativa. En junio de 2024, el ministro de Justicia (Mariano Cúneo Libarona) presentó una denuncia penal contra los periodistas Nancy Pazos y Darío Villarruel por supuesta “instigación a cometer delitos”, a raíz de sus comentarios sobre cuestionamientos en la gestión de recursos alimentarios del Ministerio de Capital Humano”.

-El mismo informe señala también que “el periodista Andrés Sanguinetti de iProfesional enfrenta una demanda por daños y perjuicios por dos millones de dólares presentada por un empresario tabacalero, tras negarse a eliminar un artículo sobre presunta elusión impositiva y actividades de lobby de su empresa. El periodista, quien reportó haber recibido llamados intimidantes por su reportaje, se negó a retractarse durante una mediación, argumentando que la información publicada estaba documentalmente respaldada y era de interés público. La empresa sostiene que la publicación le generó daños “morales, económicos y reputacionales”.

-El presidente Milei denunció penalmente, este año, a los periodistas Carlos Pagni (La Nación +) y Ari Lijalad (El Destape) por sus opiniones en el Programa Odisea Argentina y una columna el sitio web, respectivamente. El juez federal, Daniel Rafecas, desestimó ambos planteos esta semana, al considerar que sus expresiones están protegidas por el derecho a la libertad de prensa y no constituyen delito.

-Por otra parte, la Relatoría Especial de Libertad de Expresión de la ONU observó que “el gobierno ha anunciado o puesto en marcha medidas administrativas que obstaculizan el acceso de la prensa a fuentes oficiales. Por ejemplo, esta Oficina ha recibido información sobre la implementación de nuevas políticas de acreditación y acceso a la Casa Rosada que habrían resultado en la revocación de credenciales a aproximadamente 50 periodistas desde diciembre de 2023, reduciendo el número de comunicadores autorizados a 88, con indicaciones de que estas restricciones continuarían aumentando. Asimismo, según la información recibida, el Poder Ejecutivo Nacional habría propuesto la creación de lo que han denominado una “sala de prensa de élite”, que limitaría el acceso únicamente a periodistas “de fuste, con experiencia y de medios altamente reconocidos (…) que merecen estar cerca del Presidente”. La Relatoría advierte que “este tipo de aproximaciones de exclusión resultan discriminatorias y contrarias a los estándares interamericanos sobre acceso a la información pública”.

-El Ministerio de Capital Humano intentó reimplantar la obligatoriedad de la matrícula nacional para ejercer el periodismo profesional, una práctica que desde 1985 está considerada por la Corte Interamericana como una restricción ilegítima a la libertad de expresión. Resalta la Relatoría, que “si bien la iniciativa fue anunciada en redes sociales y eliminada horas después, pretendía exigir que periodistas y medios de comunicación tramitaran una credencial habilitante ante la Secretaría de Trabajo, presentando certificados de antecedentes penales y documentación que acreditara al menos dos años de ejercicio profesional con aportes jubilatorios al día”.

–El gobierno intervino los medios públicos (TV Pública, Télam y Radio Nacional), convirtiendo a Télam en una agencia de publicidad del Estado. La Oficina del Relator Especial señaló que “la medida ubicó estos medios bajo la órbita directa del Poder Ejecutivo y eliminó las facultades de participación y control de gestión por parte del Congreso Nacional, incluyendo la representación de minorías parlamentarias y sociales en los órganos directivos”. Destaca, entre otros puntos, que “fue dada de baja la página web de la agencia (Télam), impidiendo el acceso a su archivo histórico y obstaculizando la labor de los periodistas”. Desde el 1 de julio de 2024, mediante un decreto, “el gobierno formalizó la reconversión de Télam en una nueva sociedad anónima que se encargaría únicamente de su función publicitaria, mientras que el área periodística pasaría a depender de Radio y Televisión Argentina”. Finalmente, el 60% de los empleados se fue de la agencia por vía de un plan de retiros voluntarios.

– El periodista Franco Lindner denunció en la revista Noticias, en septiembre de 2024, que “aunque el Gobierno no pauta a través de Presidencia de la Nación, sí lo hace por intermedio de otros organismos estatales como Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), Aerolíneas Argentinas y el Banco de la Nación”. Y Agrega, “no “pauta cero”, sino 126 mil millones (a septiembre de 2024). A los cuales se suman, además, los 100 mil millones de pesos de fondos reservados que, por decreto, el Presidente semanas atrás le inyectó a la SIDE, y sobre los cuales no debe rendir ninguna cuenta. Aquel decreto fue rechazado por Diputados y podría correr la misma suerte en el Senado, pero lo cierto es que ya se llevan gastados 80 mil millones de la cifra total. ¿En qué? La hipótesis más repetida en el círculo de la política y el de los medios habla de una nueva “cadena de la felicidad” para cooptar al periodismo, como sucedía, también, con Carlos Menem y los Kirchner. El término data de los años 90”.

Agrega el artículo de Lindner que “Milei ya explicitó que tiene una cuestión personal con Jorge Fontevecchia y Perfil. En sus brulotes en las redes suele tratar de ‘Tinturelli’ al fundador de NOTICIAS, y en un reportaje con Alejandro Fantino pronosticó que “ahora, como no tiene pauta, va a la quiebra, ¡qué bueno!”. Fontevecchia le respondió a Milei en su programa radial. ’Mire, Presidente. No pudo quebrarnos la dictadura militar. No pudo quebrarnos Menem en el momento de los 30 juicios y el asesinato de José Luis Cabezas. No pudo quebrarnos Néstor Kirchner poniendo cero de publicidad oficial. Tampoco va a poder usted’. La enumeración sirve para mostrar que la discriminación con la publicidad oficial es un tema que viene de lejos”.

-En un informe de Chequeado se detalla que en 2024 “la gestión de Javier Milei (La Libertad Avanza) suspendió la emisión de publicidad oficial, excluyendo únicamente a los avisos legales y campañas específicas, como la promoción del blanqueo de capitales. Como resultado de esta decisión, el año pasado el gasto publicitario del Gobierno nacional se redujo un 98% en términos reales (es decir, considerando la inflación) con respecto a 2023, el último de la gestión del Frente de Todos. No obstante, esta tendencia a la baja no se reflejó en las empresas con participación estatal. En 2024, YPF prácticamente mantuvo su gasto publicitario respecto a 2023 según datos presentados por la compañía en sus reportes financieros: sólo redujo un 4,4% en términos reales en relación al año anterior. En términos reales, 2024 fue el tercer año con mayor gasto publicitario desde la estatización de la empresa, sólo superado por 2022 y 2023”. El gobierno y las empresas no informan dónde publicitan, lo que vuelve no transparente, arbitrario y discriminatorio al sistema.

–Nuevas limitaciones al acceso a la información pública. Explica Chequeado que “en Argentina, el acceso a la información pública está regulado por la Ley de Derecho de Acceso a la Información Pública, que fue sancionada en 2016 y reglamentada en 2017, durante el gobierno de Mauricio Macri (Cambiemos). La ley permite que cualquier persona, sin necesidad de justificar su interés, solicite información a una amplia gama de organismos estatales, incluyendo la Administración Pública Nacional, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, empresas y sociedades con participación estatal, universidades nacionales, partidos políticos y sindicatos, entre otros. Los organismos tienen un plazo máximo de 15 días hábiles para responder, con posibilidad de una prórroga por otros 15 días en casos excepcionales. El trámite es gratuito, aunque pueden cobrarse los costos de reproducción”. Agrega que “existen excepciones limitadas: se puede denegar información por razones de seguridad nacional, secretos industriales o datos personales protegidos”.

Sin embargo, el 1° de septiembre de 2024, sigue diciendo Chequeado, “el Gobierno nacional modificó la reglamentación de la ley mediante el Decreto 780/2024 e introdujo una nueva definición de “información pública” que excluye datos de naturaleza privada o sin “interés público comprometido. Al respecto, Clara Lucarella, abogada y coordinadora del programa Fortalecimiento de la Democracia de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), señaló en esta nota que el cambio “sumó excepciones a las que existían previamente en la ley y restringió aún más el derecho de acceso a la información”.

También, en este artículo, Miguel Rodríguez Villafañe, plantea las limitaciones impuestas por el gobierno nacional en profundidad: Ataque al acceso a la información pública.

-La actual gestión recibió un promedio de 781 pedidos mensuales de acceso a la información pública, una cantidad superior a la registrada durante los gobiernos de Alberto Fernández (650 por mes) y Mauricio Macri (327,4). La actual administración es también la que más pedidos de acceso dejó sin responder. Del total de expedientes cuyo plazo ya venció, el 7,7% no fueron contestados. En el gobierno de Fernández, el incumplimiento fue del 3,1%, mientras que en la gestión de Macri fue del 2,4%.

-El informe anual del Monitor de la Libertad de Expresión de FOPEA muestra que en 2024 se registraron 179 agresiones a periodistas, lo que implica un aumento del 53% respecto de 2023 y del 103% frente a 2022, lo que ubica al año pasado en el segundo puesto del ranking histórico, apenas detrás de 2013, desde que se lleva a cabo el registro hace ya 16 años.

Vale agregar que en el 80% de esos casos la violencia tuvo origen estatal y paraestatal. Lo que implica un incremento considerable en relación con 2023, cuando ese origen representaba la mitad de los casos. Y hay un dato tal vez más perturbador: en más de la mitad de los hechos registrados en 2024 estuvo involucrado el propio presidente de la Nación.

-En tanto, en los primeros cinco meses de este año ya se registraron 119 casos, contra los 61 de igual período de 2024 y los 179 de todo el año pasado. Además, casi la mitad se produjo durante este mes. A su vez, en 70 de los 119 casos de agresión asentados fue autor o tuvo participación Javier Milei.

QUÉ DIJO LA RELATORIA DE LIBERTAD DE EXPRESIÓN DE LA ONU

El relator de Libertad de Expresión de la ONU, Pedro Vaca, calificó la situación en su informe de 2024, de “un deterioro acelerado del ambiente para el ejercicio de la libertad de expresión en la Argentina, caracterizado por la baja tolerancia del Poder Ejecutivo hacia las críticas y los procesos deliberativos”.

REPORTEROS SIN FRONTERAS

En tanto, Reporteros Sin Fronteras, en su informe de 2025, apunta que “las injurias, la difamación y las amenazas por parte de la administración de Javier Milei hacia los periodistas y los medios críticos son una constante desde su llegada al poder. A ello se suman políticas que agravan tendencias ya existentes anteriormente, como la fuerte concentración de los medios y la opacidad de su propiedad, así como la precarización del oficio de periodista”.

También señala, que el país pasó del puesto 40 del ranking de respeto a la Libertad de Expresión entre 180 países en 2023, al puesto 66 en 2024 y al lugar 87 en 2025. Es decir, que en un año y medio empeoró 47 posiciones.

PALABRAS CLAVE DE LOS ATAQUES DEL GOBIERNO NACIONAL A PERIODISTAS Y MEDIOS

Hay palabras claves en los discursos hostiles desde el poder político y las redes sociales por parte de los operadores del gobierno. Algunas de ellas son las siguientes:

- “Corruptos”;

- “Delincuentes con micrófono”;

- “Mentirosos”;

- “Ladrones”;

- “Difamadores”;

- “Extorsionadores”;

- “Ensobrados”;

- “No odiamos lo suficiente al periodismo”;

- “El 85% de los medios miente todo el tiempo”.

* El Día del periodista se celebra el 7 de junio, por el día en que fue publicada la primera edición de “La Gaceta de Buenos Aires”, fundada por Mariano Moreno.