Evaluar en clave pública

(www.Tiempoar.com.ar – CABA – Por Claudia Bernazza *) En el año 2015, Gustavo Longo, Sabrina Comotto y quien suscribe publicamos una guía de instrumentos e indicadores para la medición de capacidades estatales. Esa guía, que denominamos “Evaluando en clave pública”, fue publicada por Flacso Argentina y hoy es referencia en las cátedras dedicadas al estudio de la Administración Pública.

Allí sostuvimos que la formación era un concepto más amplio que el de capacitación, y que, en el ámbito público, los nuevos enfoques optan por la formación, dado que los trabajadores públicos deben abordar, además de cuestiones técnicas, cuestiones filosóficas, sociales e históricas referidas al Estado al que sirven, para comprender así en profundidad la naturaleza de su tarea.

Los sistemas de formación del personal estatal son un vehículo imprescindible para la expresión de un proyecto institucional. Nuestra hipótesis, en este campo, es que la capacidad estatal se verá fortalecida si se han previsto y se implementan modalidades y programas sistemáticos de formación destinados a todos los agentes estatales.

Entre nuestras recomendaciones, expresamos que resulta necesario garantizar un sistema de formación como tal, revisar sus características y jerarquía dentro de la organización (a mayor jerarquía, mayor será la fortaleza), la coherencia entre el plan formativo y el proyecto institucional (a mayor alineación, mayor capacidad) y los métodos de enseñanza – aprendizaje aplicados (los enfoques constructivistas, que toman en cuenta el saber y la experiencia de los agentes públicos, ganan en este campo).

En estos días, el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado a cargo de Federico Sturzenegger se propone evaluar a los trabajadores estatales mediante el denominado “Sistema de Evaluación Pública” (SEP), centrando la examinación en su comprensión lectora, razonamiento lógico-matemático y conocimientos sobre las normas de la administración pública.

Dicha medida, se realiza en el marco de un sostenido ajuste, reducción y destrucción de políticas públicas llevadas por el Estado Nacional y de despido de los trabajadores públicos. En este contexto, aprobar la evaluación pasa a ser requisito necesario para la continuidad en el puesto. Históricamente, aún con déficits o demoras, los y las agentes estatales se presentaban a rendir examen para regularizar su situación de contratación e ingresar a la planta permanente. Hoy, deben rendir este examen para no ser despedidos, y aún si aprueban, no tendrán garantizada su continuidad.

Si se trata de revalorizar y revisar las capacidades y funciones de un Estado, no de su destrucción, resulta imperativo conocer y aplicar una política de formación que aborde no sólo problemas de comprensión lectora, resolución de problemas y conocimientos técnicos relacionados con sus funciones, sino también una adecuada comprensión de los objetivos de la gestión gubernamental. A partir de esta premisa, el diseño de la evaluación pasa a formar parte de un trayecto educativo que se propone fortalecer al Estado y promover a sus agentes.

Los exámenes no pueden servir a otros objetivos. Menos cuando esos objetivos no se declaran, como puede ser el caso de un instrumento pensado como barrera “pasa/no pasa” para dejar afuera al mayor número posible sin chances de recurrir o reaprender. Si la evaluación es un instrumento del ajuste, no puede presentarse a la sociedad como instrumento pedagógico. Habrá que expresar, en todo caso, el verdadero objetivo que se persigue: alimentar el odio contra el trabajo estatal. El ministro quiere mostrarse como la pata racional de este proyecto, por eso no se atreve a reconocerlo. Pero su presidente, en sus declaraciones diarias, pone en evidencia este objetivo toda vez que puede, sin tapujos, alimentando los odios que ya son marca registrada de este gobierno.

Y si el objetivo fuera, sinceramente, mejorar las capacidades públicas, les tengo una noticia: para armar una propuesta pedagógica, y dentro de ella un instrumento de evaluación, hay que saber. En primer lugar, saber que un proceso de formación acompaña al estudiante en sus logros y dificultades. En segundo lugar, saber que se evalúa para aprender y mejorar, nunca para evidenciar falencias. Y en tercer lugar saber que una prueba de selección que busca excluir es algo muy diferente ¿A qué contenidos, a qué plan formativo responden las preguntas sobre el tamaño de los escalones de una escalera o la memorización de artículos de normas administrativas? ¿Hay que memorizar todas las normas o saber buscar en ellas? 

Para evaluar hay que saber de pedagogía y aplicarla en clave pública. Si un instrumento está preparado para que la mayoría falle, eso lo convierte en instrumento de un plan de ajuste. Desde esta convicción, proponemos un proceso formativo anclado en la historia formativa que propusieron los trabajadores públicos a lo largo del tiempo. El Instituto Nacional de la Administración Pública, con 50 años de historia, fue una propuesta de los gremios estatales que alcanzó, en sus mejores etapas, prestigio internacional. Sus métodos habrá que revisarlos, pero es por este camino que podremos fortalecer una cultura estatal fundada en una ética pública. Se trata de recuperar valores centrales referidos al bien común, la equidad y la inclusión. Y esa política de formación, asumida como prioridad del Estado nacional, debe convocar a la participación a las universidades públicas nacionales, a entidades de reconocida trayectoria, a docentes e investigadores y a las representaciones sindicales del sector público.

Como autora del proyecto “Formación para una cultura de lo público, ley Hugo Cormick” presentado durante mi mandato como diputada nacional, estoy obligada a señalar que una evaluación es demasiado importante para ser diseñada por improvisados, lo que me hace sospechar objetivos alejados de toda pedagogía. Según parece, se busca que convencer a la sociedad de que la razón de los despidos es la incompetencia de los agentes y no un plan de ajuste.

La sociedad está enojada con el Estado, y con razón. El Estado argentino tiene mucho que mejorar en materia de agilización y simplificación de trámites, pero alimentar la búsqueda de un chivo expiatorio no traerá más que nuevas divisiones. Porque les adelanto algo: la salida de estos trabajadores por esta vía examinadora no resolverá los problemas de la burocracia estatal. Y lo que es seguro, no nos llevará al Estado que necesitamos. Muy por el contrario, nos pondrá a las puertas del peor de los infiernos: una sociedad sin Estado, gobernada por los mercaderes de las finanzas y los negocios privados.

Si van a ajustar, no lo hagan en nombre de la pedagogía, una ciencia demasiado seria para que la embarren en la cancha del ajuste y el despido de trabajadores públicos.

(*) La autora es Diputada nacional (MC). Autora del proyecto de formación de agentes estatales “Hugo Cormick”.