La condena de Bolsonaro y el significado de su juicio

(www.CarasyCaretas.com.uy – Montevideo - Por Danilo Paris para La izquierda Diario) La decisión del Tribunal Supremo Federal (STF) de condenar al expresidente Jair Bolsonaro a 27 años y 3 meses de prisión representa un hito significativo en el panorama político brasileño. El juicio, que incluyó acusaciones como intento de golpe de Estado, intento de abolición del Estado democrático de derecho y participación en una organización criminal, también afectó a generales de alto rango que formaban parte del núcleo de su Gobierno.

A lo largo de su mandato, Bolsonaro no solo atacó los derechos democráticos fundamentales, sino que también profundizó la agenda ultra neoliberal, marcada por la destrucción de los derechos sociales y la intensificación de las privatizaciones. Su postura negacionista durante la pandemia contribuyó a la muerte de más de 700.000 brasileños, una cifra superior a la media mundial. Al mismo tiempo, se apoyó en discursos racistas, misóginos y LGBTfóbicos, que reforzaron la violencia cotidiana contra diferentes sectores. En este sentido, su trayectoria debe entenderse como parte de un proyecto político de extrema derecha que buscó articular el autoritarismo, la ofensiva neoliberal y la radicalización social reaccionaria. Y el sentimiento por su condena es indisociable de ello.

Son muchas las profundas huellas que su discurso ideológico dejó en el país. El asesinato de Marielle Franco en 2018, ocurrido en el mismo contexto de avance reaccionario, fue parte de la atmósfera política que precedió a su elección. En octubre de ese mismo año, las 12 puñaladas asestadas al maestro Môa do Katendê dejaron al descubierto el lado más perverso de la política ideológica propagada por Bolsonaro, una política que incitaba a su base a atacar violentamente a todos los sectores de izquierda.

En su gobierno, la politización de las Fuerzas Armadas alcanzó niveles sin precedentes desde el fin de la dictadura, con declaraciones oficiales que ponían en jaque la estabilidad institucional. Apoyándose también en ello, Bolsonaro probó permanentemente la correlación de fuerzas en beneficio de sus intereses más reaccionarios. Las minutas golpistas y el plan de la “daga verde y amarilla” materializan un conjunto de opciones que se pusieron sobre la mesa de estos sectores para mantenerse en el poder. El episodio del 8 de enero de 2023, cuando miles de seguidores de su base más radicalizada ocuparon edificios gubernamentales en Brasilia con el consentimiento de sectores policiales, demostró la intención de estos sectores golpistas, que buscaron el apoyo de fracciones empresariales y militares.

Sin embargo, como declaró el propio Bolsonaro, el principal problema residía en el “día después” de un golpe o de un intento de golpe. La política de cuestionamiento de las elecciones no fue apoyada ni por los sectores mayoritarios de las clases dominantes nacionales, ni por los Estados Unidos, en ese momento dirigidos por Biden. Sin la correlación de fuerzas necesaria para alcanzar sus objetivos, el 8 de enero se caracterizó más bien como una aventura golpista, que acabó produciendo efectos que aislaron aún más a estos sectores más radicalizados, con una influencia importante hasta el día de hoy, incluso durante el propio juicio. 

No solo el 8 de enero, sino el conjunto de revelaciones que surgieron en los últimos años con todo tipo de articulación golpista, son un reflejo de la historia de impunidad que estructuró un patrón de actuación de las Fuerzas Armadas. El mantenimiento de los privilegios institucionales, junto con la ausencia de responsabilidad por los crímenes de la dictadura, permitió que algunos sectores militares desarrollaran prácticas de intervención legitimadas por un régimen político que acomodó a los militares como interlocutores políticos de primer orden. Incluso el Tribunal Supremo Federal (STF) fue fundamental en varios momentos para garantizar este papel, incluso durante el propio gobierno de Bolsonaro. Fue Luís Roberto Barroso, ministro del Tribunal Supremo Federal, quien invitó al general Paulo Sérgio a formar parte de la supervisión de las urnas electrónicas, por ejemplo. 

Aunque el resultado del juicio ya era ampliamente esperado, la novedad fue el voto de Luiz Fux. En un discurso que se prolongó durante ocho tortuosas horas, el ministro del TSF defendió la nulidad del juicio con el argumento de que este debería haberse celebrado en otra instancia, además de sostener que no se habían respetado plenamente los derechos de la defensa. Una postura que se consideró como una posibilidad de abrir una brecha jurídica que, en el futuro, podría utilizarse para cuestionar la validez de la condena. La intervención de Fux, además de garantizar su pasaporte para los Estados Unidos, ofreció a Bolsonaro un recurso político no menos importante, al permitirle reforzar su narrativa de que era objeto de una persecución. Un argumento que tiende a desempeñar un papel importante en la preservación y movilización de su capital político, que sigue siendo significativo en el panorama nacional.

Pero las múltiples interrogantes sobre el futuro de Bolsonaro no residen únicamente en Fux. Es importante considerar que el STF ya ha demostrado, en diferentes momentos, una gran flexibilidad para modificar significativamente sus propias decisiones en función de las circunstancias políticas. El ejemplo más importante fue la anulación de los procesos contra Lula, una medida que no dejó dudas sobre los cambios de rumbo del Tribunal. 

Evidentemente, una posible revocación en el caso de Bolsonaro dependería de cambios en la situación política o incluso en la propia composición del tribunal. Cabe recordar que, en el próximo mandato presidencial, se nombrarán tres ministros, lo que da pie a especulaciones sobre una posible reconfiguración del STF, sobre todo en un escenario en el que Tarcísio de Freitas, actual gobernador de São Paulo, resulte electo presidente. Esta hipótesis, aún lejana y por ahora muy especulativa, ya ronda en la imaginación de todos los que siguen el juicio. 

Paralelamente, en el Congreso Nacional, los parlamentarios vinculados al bolsonarismo han articulado un proyecto de amnistía que, si se aprueba, podría (según el objetivo de algunos) llegar incluso a restituir los derechos políticos del expresidente, o lo que aspira la mayoría de los sectores, sacarlo de la cárcel sin recuperar su elegibilidad. Un proyecto que durante meses fue prácticamente descartado, pero que creció y ganó mayor adhesión entre la mal llamada “centro-derecha”, que no quiere ser considerada desertora del bolsonarismo, so pena de perder su base electoral. El proceso de tramitación, las negociaciones y el intento de aprobación de la ley de amnistía tienden a agravar los conflictos con el propio STF, generando tensiones cuyo desenlace dependerá, en última instancia, de la correlación de fuerzas políticas en el país. 

Estos dos movimientos, tanto la especulación sobre un posible cambio en la composición del STF como la tramitación del proyecto de amnistía en el Congreso, muestran muchas de las disputas que aún se plantearán. Se despliegan en un tablero más amplio, donde diferentes actores disputan el poder y la legitimidad, buscando sus propios intereses. Es en este cruce de disputas donde la posición de otras fuerzas, como las Fuerzas Armadas, cobra relevancia y debe ser analizada con atención.

Durante el propio juicio de Bolsonaro, Alexandre de Moraes se esforzó por elogiar el papel de las Fuerzas Armadas, buscando desvincular las acciones de individuos aislados de la responsabilidad de la institución en su conjunto. Según él: “No hay que confundir, no debemos confundir a las Fuerzas Armadas con miembros de las Fuerzas Armadas que, eventualmente, se han desviado. Las Fuerzas Armadas son un patrimonio nacional”. 

Esto es importante porque hay que evaluar con cautela el alcance de los efectos del castigo aplicado a los generales, a quienes incluso el STF votó que se les retiraran sus rangos, algo que aún debe ser oficializado por el Supremo Tribunal Miliar. Desde un punto de vista, se trata de una condena de varios sectores con un alcance que es una novedad en la historia brasileña. Al mismo tiempo, debe entenderse en su contexto para verificar sus resultados. Desde ya, es un punto de partida considerar que el papel de las Fuerzas Armadas en el régimen político no fue cuestionado por el juicio. Por el contrario, en cierta medida, ante todo el compromiso de las Fuerzas Armadas con el gobierno de Bolsonaro, condenar a algunas figuras también tiene como objetivo preservar la propia institución. 

Fue evidente el esfuerzo sistemático por preservar tanto la supuesta integridad como la legitimidad de la institución militar en su conjunto, incluso cuando ello implicaba proteger a generales reaccionarios, como Freire Gomes, que fueron preservados en el juicio e incluso elogiados bajo la narrativa de que actuarían de forma democrática. Gomes desempeñó un papel central al proteger los campamentos bolsonaristas, impidiendo que fueran desalojados bajo la protección de tanques y blindados del Ejército. Cabe recordar que el campamento de Brasilia funcionó como base operativa para las acciones del 8 de enero.

Todo el juicio de Bolsonaro y los generales tuvo como característica fundamental esta distinción permanente entre la acción de los individuos y el papel institucional. Al fin y al cabo, las Fuerzas Armadas, que fueron uno de los pilares del bolsonarismo, fueron absueltas por un juicio que siempre buscó atomizar e individualizar las responsabilidades por todos los delitos cometidos por Bolsonaro y su círculo más cercano, pero que fueron respaldados durante todo el gobierno por el conjunto de las Fuerzas Armadas. 

Esta lógica de preservar las estructuras centrales del régimen mientras se castiga selectivamente a algunas figuras sirve de hilo conductor para comprender también la actuación del propio Poder Judicial, cuya trayectoria reciente revela el mismo esfuerzo por presentarse como guardián de la democracia, al tiempo que refuerza los mecanismos autoritarios. 

En este sentido, fue significativo el voto de Flávio Dino, ministro del STF desde 2024, quien, al intentar demostrar la imparcialidad del STF, recurrió al juicio de Lula, destacando la decisión del tribunal de denegar el hábeas corpus, lo que tuvo como consecuencia su completa exclusión de participar en las elecciones de 2018. Este contenido, sobre todo viniendo de una figura como Dino, que hasta hace unos meses estaba en el Gobierno y era considerado un aliado de primera hora de Lula, tiene efectos de legitimación de todo tipo de arbitrariedad que marcó un antes y un después en el régimen político brasileño. 

Mientras Bolsonaro generaba una inestabilidad permanente, que amenazaba incluso la continuidad de las reformas neoliberales implementadas desde el golpe institucional, el STF trató de contener los excesos para garantizar objetivos más importantes. La lógica que prevaleció, por lo tanto, fue intentar dar una nueva estabilidad al régimen que se fue conformando tras el golpe institucional de 2016, y no romper con los mecanismos que produjeron el propio ascenso del bolsonarismo, en un régimen político cada vez más degradado.

La injerencia norteamericana

Además de los efectos internos, el juicio también tuvo una dimensión internacional, con la intervención directa de Trump para intentar favorecer a Bolsonaro. Este es un factor que debe tenerse siempre en cuenta. El propio cambio de Fux, considerado por algunos copernicano si se compara con el proceso del 8 de enero, debe entenderse en este contexto, en el que diferentes sectores pueden verse influenciados y presionados por factores externos, sin dejar de considerar incluso la posibilidad de negociaciones directas. 

Ayer, tras el resultado del juicio, Trump declaró que él mismo había visto el juicio, defendiendo una vez más a Bolsonaro. Además de él, Marco Rubio, ni bien terminó el juicio, declaró que Estados Unidos tratará de responder a la condena. Antes que él, la portavoz de la Casa Blanca llegó a declarar que podrían utilizar medios económicos y militares contra Brasil, algo que hasta ahora no se había planteado, ni siquiera retóricamente. 

Además, Trump ha estado amenazando los acuerdos militares entre los países como una forma de presionar a las Fuerzas Armadas brasileñas para que se posicionen de acuerdo con sus intereses. Esto también es una respuesta al aumento de las relaciones de Brasil con China, que generan preocupación en Washington. Es también por eso que, junto con la defensa de Bolsonaro, Trump está atacando a los BRICS, diciendo que son una amenaza para el dólar y los intereses de Estados Unidos. 

Tras el juicio, la tendencia es que aumente la presión imperialista, que ya puede considerarse sin precedentes en la historia reciente de Brasil. Este será un factor que influirá sistemáticamente en la política y la economía brasileñas, que son estructuralmente dependientes y débiles. Lula busca apoyarse en China para contrarrestar los efectos económicos de las sanciones y, al mismo tiempo que tiene una retórica más enfrentada con Trump, propone un camino de negociación permanente sin tomar ninguna medida efectiva contra Estados Unidos. 

Estamos en contra de cualquier intento de injerencia imperialista, como los aranceles y la Ley Magnitsky para sancionar extranjeros, pero sin tener ninguna ilusión de que será el gobierno de Lula el que se enfrente a Trump. Para ello, necesitamos que la clase trabajadora actúe como un sujeto político independiente, en alianza con los pueblos latinoamericanos e incluso con la clase trabajadora de EE. UU., que está sufriendo los ataques de Trump, en especial los inmigrantes, como desarrollamos en esta declaración conjunta del MRT con nuestra organización hermana, Left Voice de EE. UU. 

Esta combinación de la dimensión interna e internacional del juicio muestra que, para enfrentarse verdaderamente a Bolsonaro, a sus aliados —como Tarcísio de Freitas, que está posicionado para continuar con su proyecto— y a la presión imperialista, es necesario debatir cuáles son los caminos para que la clase trabajadora emerja como un sujeto independiente. 

Para ello, consideramos que nuestra lucha debe ser para que no haya ninguna amnistía para Bolsonaro, para los militares y para los grandes empresarios que apoyaron y se beneficiaron de su gobierno. Junto con esto, es necesario revertir de inmediato todos los ataques y contrarreformas aprobadas desde 2016, que se profundizaron durante el bolsonarismo y siguen siendo mantenidas por el gobierno de Lula-Alckmin, para que podamos construir una fuerza social que involucre a las grandes mayorías sociales. 

En este proceso, también encontramos en el STF un adversario, que forma parte del sostenimiento y la garantía de la agenda neoliberal en Brasil, defendida abiertamente por sus ministros, como Gilmar Mendes, quien afirmó que la CLT –que condensa las leyes laborales– no puede ser una “vaca sagrada” y defendió la flexibilización de la legislación laboral. 

También defendemos el encarcelamiento y el castigo ejemplar, mediante un jurado popular, de todos los militares que participaron en el gobierno de Bolsonaro, de los que articularon el golpe institucional y de los responsables de los crímenes cometidos por el Estado. Muchos de los militares y generales que formaron parte de su gobierno ni siquiera están siendo procesados. 

Además, los grandes empresarios que financiaron y se beneficiaron del bolsonarismo deben ver confiscados sus bienes, incluidos aquellos que financiaron las acciones reaccionarias del 8 de enero, un sector que sigue siendo protegido por el poder judicial. Además, es necesario cuestionar el papel de las Fuerzas Armadas en el régimen político, luchando por poner fin al pacto de impunidad heredado de la dictadura. Exigimos el fin de los tribunales militares, la derogación de la Ley de Amnistía y del artículo 142, la divulgación de todos los documentos confidenciales sobre los crímenes de la dictadura, así como el encarcelamiento de los militares que siguen asesinando a la población negra y trabajadora a diario con total impunidad. 

Seguimos apostando por la movilización de la clase trabajadora en alianza con las mujeres, los negros, los indígenas y el colectivo LGBT. Por eso, exigimos a las grandes centrales sindicales que rompan su pasividad y empiecen a organizar un plan concreto de lucha y movilización para que podamos dar una respuesta a la altura de los retos que se plantean no solo para Brasil, sino para toda la clase trabajadora a nivel internacional. Bolsonaro irá a la cárcel, pero todo el proyecto de sociedad de la extrema derecha y la derecha debe ser barrido, junto con este régimen en descomposición que solo puede significar peores condiciones de vida para la mayor parte de la población.