(www.Enter-ate.com.ar – General Pico – VYASCOM – CABA) Y también alertó sobre su impacto directo en el financiamiento del sistema nacional del seguro de salud y de las obras sociales sindicales.
Según explicó el dirigente, la iniciativa incluye “la reducción de un punto porcentual en la contribución patronal destinada al sistema nacional del seguro de salud”, una medida que, lejos de ser técnica, “impacta de manera directa sobre el financiamiento del sistema solidario de salud, en un contexto de fragilidad estructural ya reconocido por todos los actores del sector”.
En la actualidad, el sistema de obras sociales se sostiene a partir de un esquema contributivo compuesto por un aporte del trabajador del 3% de su salario y una contribución patronal del 6%, lo que totaliza un 9%. La reforma propone reducir ese aporte empresarial al 5%, lo que llevaría el financiamiento global al 8%.
“En términos concretos, se sustrae un punto completo del principal mecanismo de sostenimiento del sistema, lo que equivale a un 11,11% menos de recaudación para el sistema de salud”, advirtió Vilar. Ese recorte, señaló, se replica de forma directa en el Fondo Solidario de Redistribución (FSR), “agravando el impacto sobre las prestaciones destinadas a las poblaciones más vulnerables, sin prever ninguna fuente alternativa de compensación”.
Del total recaudado, el Estado retiene el 15% con destino al FSR, desde donde se financian prestaciones por discapacidad, subsidios automáticos como SUMA, SUMA 65, SUMARTE y SANO, y parte de las coberturas de alto costo y baja incidencia a través del sistema SURGE.
Con datos oficiales de la recaudación correspondiente a agosto de 2025, Vilar detalló que la reducción de un punto implicaría “una pérdida estimada mensual de aproximadamente 16 mil millones de pesos para el Fondo Solidario y de más de 90 mil millones mensuales para el conjunto de las obras sociales”. A ello se suma el impacto del Sueldo Anual Complementario, por lo que, remarcó, “el impacto anual no es marginal: es estructural”.
El hombre de SICONARA subrayó que la caída de la recaudación tendrá consecuencias sanitarias inmediatas. “Habrá menos recursos para discapacidad, menos fondos para los subsidios automáticos que hoy resultan indispensables para sostener un nivel mínimo de prestaciones, menor respaldo para la cobertura de jubilados y menor compensación para monotributistas, cuyos aportes están muy por debajo del costo real del PMO”, sostuvo.
Además, recordó que el sistema ya se encuentra severamente desfinanciado debido a la caída de la actividad económica, el atraso de los salarios reales y el aumento del empleo informal, mientras que los costos sanitarios crecen por la incorporación de nuevas tecnologías, medicamentos de alto precio y un mayor nivel de judicialización. “Las obras sociales están legalmente obligadas a brindar cobertura integral únicamente con los recursos provenientes de aportes y contribuciones, lo que las deja sin margen para absorber nuevos recortes sin afectar la prestación”, afirmó.
Vilar también advirtió que la reducción de aportes impactará sobre los trabajadores que derivan sus contribuciones a empresas de medicina prepaga. “Cuando esos aportes disminuyen, la diferencia entre el costo real del plan y lo efectivamente financiado se traslada directamente al afiliado, incrementando el pago de bolsillo sin mejorar las prestaciones”, explicó.
En ese marco, el titular del SICONARA sostuvo que el ajuste se inscribe en “una ofensiva más amplia contra el sistema de seguridad social y contra las organizaciones que históricamente lo sostuvieron”. “Ajustar sobre las obras sociales no es una decisión inocua ni técnica: es erosionar un modelo solidario y avanzar sobre estructuras vinculadas a la organización colectiva de los trabajadores”, remarcó.
Finalmente, desde la Secretaría de Acción Social de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), Vilar expresó el rechazo al proyecto y al desfinanciamiento del sistema nacional del seguro de salud, por considerar que “atenta contra el modelo solidario de cobertura de salud de las trabajadoras y los trabajadores”.
“El desfinanciamiento del sistema del seguro de salud no es una consecuencia colateral, sino una decisión política cuyas responsabilidades deberán ser asumidas por quienes la promuevan y la apliquen”, concluyó, al tiempo que anunció que el sector se mantiene en estado de alerta para evaluar las herramientas constitucionales necesarias “en defensa del sistema solidario de salud y de la continuidad de una cobertura médico-asistencial de calidad”.
