(www.MundoGremial.com – CABA - Campana) Calificaron la medida de la Cámara Laboral como un «acto político de disciplinamiento» y un ataque directo a las paritarias colectivas. Apuntan a la complicidad del Gobierno con los grupos empresarios y la reforma laboral.
El fallo judicial que dictaminó el descabezamiento de la conducción de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) apartando de su cargo al secretario general Abel Furlán, desató una inmediata ola de indignación y solidaridad transversal en todo el movimiento obrero organizado argentino. Las principales centrales sindicales del país y gremios de todas las actividades manifestaron unánimemente su rechazo, interpretando la medida como un avance coordinado para maniatar las negociaciones colectivas y debilitar la resistencia de los trabajadores frente a los planes de ajuste del gobierno nacional.
La Confederación General del Trabajo (CGT) fue una de las primeras en sentar postura mediante una proclama bajo la consigna “¡No a la intervención de la UOM!”. “Rechazamos enfáticamente cualquier intento de la Justicia que avance sobre la libertad y la organización del movimiento obrero. Intervenir un sindicato es atacar la autonomía de las y los trabajadores. La defensa de la democracia sindical no se negocia”, sentenció la central de la calle Azopardo, de la cual Furlán es un miembro y donde se desempeñó como secretario del Interior hasta el año pasado.
Camioneros, las dos CTA y ATE denuncian «disciplinamiento»
Por su parte, el Sindicato de Camioneros, bajo las firmas de Hugo y Pablo Moyano, encuadró el avasallamiento judicial en un claro intento de amordazar los reclamos colectivos. A través del documento “No van a callar al movimiento obrero”, señalaron que no permitirán avances corporativos sobre entidades que históricamente defendieron la industria nacional. “La defensa de los sindicatos es la defensa de los derechos laborales, de las paritarias y de miles de familias trabajadoras. La unidad del movimiento obrero es fundamental para enfrentar cualquier intento de disciplinamiento o persecución hacia los representantes de los trabajadores”, alertaron desde Camioneros.
Por su parte, la CTA-de los Trabajadores, conducida por Hugo Yasky, y la CTA-Autónoma, comandada por Hugo “Cachorro” Godoy, emitieron un comunicado de prensa unificado. Las dos centrales manifestaron su apoyo absoluto a Furlán y explicaron las motivaciones de fondo del respaldo: “No se trata solamente de una decisión jurídica: es un acto político que desconoce la legitimidad del proceso electoral mediante el cual las afiliadas y los afiliados de la UOM eligieron democráticamente a sus autoridades”. Asimismo, Yasky y Godoy remarcaron que este ataque “busca disciplinar al conjunto del movimiento obrero y limitar su capacidad de representación, organización y lucha”.
A este rechazo de bloque se sumaron referentes estatales. El titular de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, repudió la intervención manifestando que la misma “violenta la voluntad de los trabajadores y pretende disciplinar a los dirigentes gremiales que luchan”. Con la misma fuerza se expresó la Comisión Directiva Nacional del SECASFPI (Sindicato de los trabajadores de la ANSES) que conduce Carlos Ortega, socio político de Furlán en la CGT: “Lo que intentan presentar como un fallo judicial es, en realidad, un nuevo avance sobre las organizaciones sindicales que enfrentan el ajuste, defienden el trabajo y sostienen la representación de las y los trabajadores. Esto no es justicia, es disciplinamiento contra quienes se organizan y luchan”.
El FreSU denunció una “persecución política y grosera”
A la ola de rechazos se acopló con dureza el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), que conforman la UOM, ATE, Aceiteros, APLA, el Centro de Patrones, y otros sindicatos de peso, que se declaró en estado de alerta permanente ante lo que calificó como un “grave ataque contra las organizaciones que luchan junto a sus trabajadores”. El frente advirtió que la resolución de la Sala VIII no es una medida casual, sino una represalia directa que comenzó a gestarse poco después de que la sede central de la UOM se transformara en el búnker de encuentro para los gremios que decidieron enfrentar en todos los terrenos posibles los embates del Gobierno nacional contra la clase trabajadora desde el primer día de su gestión.
De acuerdo con el diagnóstico de la coalición sindical, los cañones de los sectores de poder apuntaron contra la conducción metalúrgica porque se puso a la cabeza de la resistencia civil. En ese marco, recordaron que el objetivo del Ejecutivo desde sus primeros diez días de mandato, con la devaluación que licuó ingresos, la transferencia brutal de recursos hacia los empresarios, el protocolo anti protestas y el DNU 70/23, estuvo enfocado en destruir los salarios. “Se trata de una persecución política, grosera y direccionada contra la conducción de la UOM, que se ha puesto a la cabeza de la lucha contra la regresiva reforma laboral junto a las más de 140 organizaciones que integramos el FreSU”, denunciaron.
Frente a la anulación de los comicios de la seccional Zárate-Campana, donde Abel Furlán había obtenido el respaldo del 85% de los votantes antes de ser ratificado a nivel nacional por el 80% de los electores en el Congreso del 18 de marzo, el FreSU repudió la intervención arbitraria y exigió la inmediata restitución de las autoridades electas. El Frente concluyó su descargo exigiendo el estricto respeto a la autonomía y la democracia sindical garantizadas por la Constitución Nacional, la Ley N° 23.551 y los convenios internacionales, advirtiendo firmemente: “Que quede claro: no hay hostigamiento que sea capaz de detener la lucha de la clase trabajadora argentina”.
El trasfondo del polémico fallo de la Sala VIII
La unificación del arco gremial responde a la gravedad institucional de la sentencia de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, firmada este viernes. Los jueces Víctor Arturo Pesino y María Dora González hicieron lugar a una impugnación de la Lista Naranja de Campana y declararon la nulidad de los comicios internos de dicha seccional, arrastrando en un efecto dominó la validez del Colegio Electoral que consagró la conducción nacional de Furlán el pasado 18 de marzo. El tribunal adujo presuntas fallas en la custodia de las urnas durante los tres días que duró la votación e impuso una intervención de 180 días.
Para reemplazar a las autoridades metalúrgicas, la Justicia laboral nombró como administrador judicial al abogado Alberto “Nacho” Biglieri. El desembarco de Biglieri, un especialista en Derecho Administrativo con fuertes terminales políticas en las mesas de rosca judicial de la UCR y un estrecho lazo con el operador Daniel “Tano” Angelici, rebalsó el vaso de la tolerancia sindical. El malestar se agrava porque Biglieri trabajó activamente junto al entorno de Juan Bautista Mahiques, actual ministro de Justicia de la Nación bajo el gobierno de Javier Milei.
Denuncias de complicidad entre Techint y los jueces
Los comunicados de repudio de las centrales hicieron hincapié en el polémico perfil de los magistrados firmantes. Tanto la UOM como la declaración conjunta de las CTA recordaron que Pesino y González son “los mismos jueces de la Cámara del Trabajo que avalaron la reforma laboral de Milei” al suspender exprés la medida cautelar que resguardaba a los trabajadores. Además, denunciaron con dureza el «intercambio obsceno» de favores institucionales, dado que menos de 24 horas después de reactivar la Ley de Modernización Laboral, el Ministerio de Justicia de la Nación publicó en el Boletín Oficial la propuesta gubernamental para prorrogar el pliego del juez Pesino en su cargo más allá del límite constitucional de los 75 años.
La coincidencia de la intervención con las complejas paritarias metalúrgicas no fue pasada por alto. Desde el secretariado de la UOM encuadraron el dictamen judicial en una “ofensiva concreta y coordinada” motorizada de manera directa por el Grupo Techint de Paolo Rocca y ejecutada por el secretario de Trabajo de la Nación, Julio Cordero, ex asesor corporativo de la misma multinacional siderúrgica.
Las organizaciones sindicales concluyeron advirtiendo que los sectores patronales derrotados en las urnas gremiales pretendieron instrumentar a los juzgados para conseguir “salarios de hambre y trabajadores sin capacidad de organización”. Para responder al atropello, la UOM ratificó que no aceptará de forma mansa la avanzada e iniciará un plan de lucha apelando a la democracia de las comisiones internas y a la movilización popular. De igual modo, las CTA recordaron que la gravedad del fallo se produce en el mismo momento en que la Corte Internacional de Justicia de La Haya emitió un dictamen histórico reafirmando que el derecho de huelga y la libertad sindical constituyen garantías fundamentales e inviolables protegidas por el Convenio 87 de la OIT.
