(www.Enter-ate.com.ar – General Pico – Bogotá – Cali) El Gobierno –encabezado por Abelardo de la Espriella- ha declarado el estado de emergencia nacional, mientras varias ciudades afectadas han respondido con toques de queda y una mayor presencia militar, poniendo de manifiesto unas prioridades institucionales que deberían estar centradas en el rescate y la atención a las víctimas.
El balance –tanto de víctimas mortales y heridos- sigue siendo provisional y podría aumentar durante las próximas horas.
El seísmo, de magnitud 7,4, tuvo su epicentro en las proximidades de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, y se sintió con fuerza en diferentes regiones del país. Pereira, Cali y otras localidades se encuentran entre las zonas más afectadas. Hay viviendas destruidas, edificios dañados y graves afectaciones en infraestructuras, mientras miles de personas afrontan las consecuencias del desastre.
A medida que avanzan las horas, los equipos de rescate continúan trabajando entre los escombros en busca de supervivientes. Miles de personas permanecen afectadas y continúan las tareas de búsqueda de quienes siguen desaparecidos, mientras familiares y comunidades enteras esperan noticias de sus seres queridos.
Y producto del trabajo de los rescatistas, han podido ser rescatados centenares de personas y también muchas mascotas que habían quedado atrapadas bajo las estructuras derrumbadas.
El Gobierno colombiano ha declarado el estado de emergencia nacional ante la magnitud de la tragedia. La medida llega mientras las consecuencias del terremoto siguen agravándose y miles de personas necesitan asistencia, alojamiento y atención sanitaria. En este contexto, la prioridad debe traducirse en recursos efectivos y poner en el centro a las comunidades afectadas, especialmente a quienes ya vivían en condiciones de mayor vulnerabilidad. La respuesta a una catástrofe no puede quedar subordinada a intereses económicos ni a las prioridades de las élites: los recursos públicos deben estar al servicio de quienes han perdido sus hogares, sus medios de vida y, en muchos casos, a sus seres queridos.
En este sentido, la respuesta institucional también ha generado críticas. En Cali, una de las ciudades más afectadas, las autoridades decretaron un toque de queda y reforzaron la presencia de la Policía y el Ejército ante el temor a posibles saqueos. Una medida similar fue adoptada en Pereira. Mientras miles de personas permanecen afectadas y continúan las tareas de búsqueda, rescate y asistencia, la decisión de recurrir al toque de queda y a la militarización vuelve a poner sobre la mesa cuáles son las prioridades de las instituciones ante una catástrofe. La emergencia no es convertir a la población damnificada en un problema de orden público.
Sin duda, la magnitud de una catástrofe como esta no depende únicamente de la intensidad del terremoto. La fuerza del fenómeno natural es, evidentemente, un factor determinante, pero también pueden agravar sus consecuencias las condiciones materiales preexistentes en las que vive la población, la calidad de las construcciones, las infraestructuras disponibles y la capacidad de las administraciones para prevenir y responder ante una emergencia.
Ahora la prioridad debe ser rescatar a quienes todavía pueden estar atrapados, garantizar asistencia a las personas heridas y desplazadas y poner todos los recursos necesarios a disposición de las comunidades afectadas. El balance de 240 muertos sigue siendo provisional y la emergencia está lejos de haber terminado.
