La patria cautelar

(www.Pagina12.com.ar – CABA – por Gustavo López *) Los principios del derecho, su carga de valor, sus ideales de libertad e igualdad, caen todos los días frente a la Patria Cautelar, aquella conformada por algunos sectores de la justicia que tienen la venda corrida y con un ojo miran para un lado y con el otro son ciegos para los que menos tienen.

En agosto de 2020 el presidente Alberto Fernández decretó como servicios públicos el acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones. A partir de ese momento los precios ya no iban a ser fijados unilateralmente por las empresas, sino que iban a ser autorizados por el Estado teniendo en cuenta los costos, las ganancias y la economía general. Además, se agregaba la Prestación Básica Universal (P.B.U.) para las personas de menores recursos, estableciéndose planes más limitados pero muy accesibles para que nadie quede afuera.

La educación, buena parte del trabajo, el acceso a la cultura, a las prestaciones sociales y médicas, todo requería de conectividad. Por eso era imprescindible la regulación del precio de un servicio elemental para todas las actividades de la vida cotidiana.

Si por protocolo sanitario los chicos tenían que estudiar desde sus casas, al igual que los trabajadores desarrollar sus tareas, no podíamos restringirles el acceso por una cuestión económica y que sólo estudiara el que tenía con qué pagar. Si para cobrar un IFE o un ATP se necesitaba conectividad, el Estado regulaba un precio justo, equitativo y razonable.

Este viernes 30/4, la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, en voto dividido, eximió a Telecom del cumplimiento del DNU por el plazo de 6 meses. Es decir que, a partir de hoy, la empresa no tiene obligación legal de respetar precios ni de otorgar la prestación básica, creando un desequilibrio respecto de las demás empresas que sí se ajustan a la Ley y dejando desprotegidos a millones de usuarios, ya que el precio por estar conectados o comunicados lo va a fijar discrecionalmente el privado.

El fallo, que apelaremos desde el Enacom y desde el Gobierno ante la Corte Suprema, es además esencialmente injusto, si es que al Poder Judicial todavía le interesa el sentido de Justicia. Y con esto no pretendo desconocer el derecho de empresas o ciudadanos de acudir a la justicia por un hecho o norma del gobierno o del Congreso. Todos tenemos derecho a pedir la inconstitucionalidad de una norma que nos parezca violatoria de la C.N.

El problema es que ninguno de los jueces que intervino a lo ancho y largo del país por las docenas de demandas presentadas por las empresas, declaró la inconstitucionalidad de la Ley (el DNU fue convertido en ley por el Congreso). Esta Sala otorga una medida cautelar y pasa a reemplazar la voluntad popular expresada por el Poder Ejecutivo y por el Congreso, quienes siguiendo los lineamientos de la Constitución sancionaron y convalidaron el Decreto.

Eduardo Russo tenía razón, pasamos del sistema democrático al gobierno de los jueces. Dos personas deciden que 18 millones de compatriotas quedan a merced económica de una empresa. Deciden que los jubilados, los que reciben AUH, los estudiantes, en definitiva, los que menos tienen, ahora van a tener menos todavía.

Millones de argentinos y argentinas reclamaron nuestra intervención para poder tener acceso razonable a estos servicios. Ahora dos personas deciden por ellos y por todos nosotros, alterando el sentido de justicia.

Obviamente que vamos a apelar, que vamos a seguir adelante en el marco de la ley, pero fundamentalmente los ciudadanos y ciudadanas tienen que saber que vamos a defender su derecho universal a estar comunicados y su bolsillo, para que el precio sea justo y razonable.

Creemos en la Justicia como valor, aunque algunos jueces lo hayan olvidado”.

 (*) Gustavo López, Vicepresidente Enacom