Milei y Bullrich buscan introducir la doctrina Chocobar en el Código Penal y endurecer penas por resistencia a la autoridad: los peligros que conlleva

(www.ElDestapeweb.com – CABA – Por Franco Mizrahi) La Asociación contra la Violencia Institucional y la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) alertan a El Destape sobre los riesgos. Esta reforma se complementa con el proyecto de “Ley de Reiterancia” que el oficialismo pretende tratar el jueves en el recinto.

El gobierno de Javier Milei impulsa en el Congreso cambios en el Código Penal para introducir la doctrina Chocobar, lo que implicaría legalizar el gatillo fácil, y para endurecer penas por resistencia a la autoridad llevándolas a una posible prisión efectiva, lo que derivaría en la criminalización de la protesta social en un marco de crecientes manifestaciones por la crisis económica.

El 15 de abril pasado el Poder Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto legislativo para reformar el Código Penal con el objetivo de introducir la doctrina Chocobar y criminalizar la protesta social. El último martes la bancada oficialista y sus aliados lograron aprobar un dictamen de mayoría en la comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados con las pretensiones sustanciales del gobierno. Desde la Asociación contra la Violencia Institucional y la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), que fueron consultadas por El Destape, alertaron sobre los peligros que estas iniciativas conllevan.

Si bien aún no hay una fecha precisa para su tratamiento en el recinto, lo resuelto este martes evidencia que los proyectos punitivistas y de mano dura siguen avanzando en el Congreso a instancias del oficialismo y sus aliados del PRO, la UCR y la Coalición Cívica. Por ejemplo: esta pretendida reforma del Código Penal se complementa con el proyecto de “Ley de Reiterancia”, que también impulsa La Libertad Avanza y según el cual cualquier persona acusada de un delito tendría una suerte de antecedente penal –aunque no tenga condena- por el que un juez podría dictarle una prisión preventiva en una segunda causa que tenga abierta. El proyecto de “Ley de Reiterancia” ya fue aprobado en comisión y el oficialismo pretende tratarlo este jueves en el recinto.

La doctrina Chocobar

El presidente Milei y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich promueven una serie de cambios en el Código Penal para facilitar el gatillo fácil y la criminalización de la protesta social.

En lo que respecta al gatillo fácil, el Ejecutivo pretende incluir en el Código Penal la doctrina Chocobar, que hace referencia al policía Luis Chocobar, acusado de matar por la espalda a un delincuente que se escapaba tras la comisión de un robo en 2017. El oficialismo respalda el accionar de Chocobar. Sin ir más lejos, el abogado defensor del policía, Fernando Soto, es un alto funcionario del ministerio de Seguridad de la Nación. Soto es director Nacional de Normativa y Enlace Judicial de la cartera que conduce Bullrich.

Soto fue uno de los que festejó la aprobación del mentado dictamen de mayoría en redes sociales. El 19 de noviembre, luego de que se aprobara en la comisión de Legislación el proyecto de “Ley de Reiterancia”, tuiteó: “Y también tenemos dictamen favorable de nuestro proyecto de Ley para ampliar la Legítima Defensa! ¡Ley y Orden!!”.

¿De qué consta el cambio que impulsa el Ejecutivo en lo referente al gatillo fácil? De una modificación en el artículo 34, inciso 6, punto c del Título V sobre Imputabilidad del Código Penal.

El dictamen del oficialismo y aliados establece que se considerará legítima defensa a “quien se defendiere durante el desarrollo de una agresión o mientras el atacante se alejare del lugar del hecho, en la medida que el ejercicio de la defensa fuere necesario para repeler una amenaza grave e inminente a la integridad física o sexual propia, o de un tercero”. Esta referencia es la que abre la puerta a la doctrina Chocobar.

En el mismo artículo, se agregó que “considerará también que existe legítima defensa respecto de aquel que rechazare el escalamiento o fractura de los cercados, paredes o entradas de su vivienda habitada o de sus dependencias, cualquiera que sea el daño ocasionado al agresor. Igualmente, respecto de aquel que encontrare a un extraño dentro de su hogar o de un inmueble en el que legítimamente se alojara o trabajara, siempre que haya resistencia o señales que pudieran hacer presumir una agresión inminente.

 “Si bien el dictamen de mayoría tuvo que dejar atrás parte central del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo para lograr las firmas necesarias, en el último párrafo del artículo 6 se abre la puerta a legalizar la doctrina Chocobar”, explicaron desde la oposición.

Matías Busso, presidente de la Asociación contra la Violencia Institucional, explicó a El Destape: "Nos preocupa la modificación del artículo 34 del Código Penal que dispone que debe interpretarse como legítima defensa cuando es repelido un agresor que se está fugando de la escena. Esto habilita que funcionarios públicos sean absueltos con este apartado de legítima defensa cuando actúen al momento que una persona este yéndose sin riesgo para terceros”. “Es lo que se conoce como doctrina Chocobar, entendiendo el respaldo político que tuvo ese funcionario el policial de Avellaneda cuando actuó asesinando a Pablo Kukoc por la espalda. Esto en la práctica judicial viene sucediendo, porque se absuelve a policías como legítima defensa cuando son tiros por la espalda. Pero con este agregado se establecería por ley, lo que ampliaría la impunidad que ya tenemos”, añadió.

En lo que el gobierno no pudo avanzar y tuvo que quitar del proyecto es en que los familiares de las víctimas no pudieren intervenir en el caso. La iniciativa original sostenía que “quien iniciare el curso de una acción delictiva que implique fuerza o violencia no tendrá derecho a indemnización alguna por las consecuencias que se derivaren de esa situación. En tales casos, ni él ni sus herederos podrán instar la acción penal contra los que intentaron impedir la comisión del delito”. Ese párrafo se terminó sacando porque violaba normativas nacionales e internacionales.

No obstante, ello, para Busso no hay dudas: “El proyecto busca asegurar impunidad en los casos de violencia institucional”.

En una línea similar se manifestó la abogada María del Carmen Verdú, referente de la Correpi. Ante la consulta de este medio, afirmó: “Es muy grave. La reforma del gobierno presume la legalidad del disparo a personas desarmadas por la espalda o que están huyendo. Lisa y llanamente es la consagración de legitimidad del gatillo fácil”. “Lo del artículo 34 es la doctrina Chocobar”, sentenció.

La criminalización de la protesta social

En el mismo proyecto se modifican los artículos 237 y 238, del apartado del Código Penal referido al “Atentado y resistencia contra la autoridad”. Se trata de un delito que muchas veces se utiliza en el marco de la criminalización de la protesta social. Fue, sin ir más lejos, el que se utilizó durante la cacería humana del 12 de junio pasado, en una represión feroz que terminó con 33 detenidos cuando se votaba la Ley Bases en el Senado. De esas personas ninguna está hoy detenida ya que la operación que se montó a partir de aquel suceso fue desarticulada. De aprobarse este proyecto, aquellas personas hoy podrían seguir tras las rejas.

En el artículo 237, la iniciativa del oficialismo aumenta la pena de quien “empleare intimidación o fuerza contra un funcionario público”, es decir, resistencia a la autoridad, de 1 mes de prisión a 1 años en lo que hace al mínimo de la sanción. También eleva el máximo de 1 año a 3 años y medio. 

Con los cambios en el artículo 238 también se modifican las penas en los agravantes. La pena mínima pasa de 6 meses a 4 años y la máxima de 2 años a 6 años. ¿Cuáles son los agravantes? Si se comete a mano armada; o por una reunión de más de tres personas; o si el autor fuere funcionario público; o si se “pusiere manos en la autoridad”.

En el dictamen de mayoría finalmente se eliminó un agravante que había incluido el Ejecutivo que calificaba en la enumeración también a quien “agrediere a la autoridad con piedras, palos u otros objetos contundentes”.

Busso, de la Asociación contra la Violencia Institucional, agregó sobre este tema: “También es preocupante el artículo que agrava la figura de resistencia a la autoridad, que lleva la pena a 3 años y medio en su máximo. Muchas de las imputaciones y causas que se abren a manifestantes cuando ocurre una represión utilizan esta figura cuando no encuentran otra como lesiones y daños. Es la que se aplica cuando el detenido no está haciendo nada”. “Si se eleva esta pena a 3 años y medio podría suceder que los juzgados y fiscalías dispongan la prisión preventiva del imputado cuando lo que comúnmente sucede es que se ordena la excarcelación inmediata. El cambio implica un monto de la pena que convierte al delito pasible de prisión preventiva. Esto puede ser una amenaza al derecho a la protesta y a la libertad de expresión”, señaló.

“Es una figura muy amplia y vaga que habilitaría el poder punitivo para que efectivos policiales detengan personas y el Poder Judicial convalide esas detenciones pudiendo estar las personas días, semanas o meses presas por ir a una protesta y manifestarse”, agregó Busso.

Verdú, de CORREPI, se expresó en un sentido similar: “Convierten en no excarcelable, por el aumento de pena, el atentado y resistencia a la autoridad, que es el delito más típicamente usado en detenciones al voleo en marchas y en la represión a la pobreza. También lo aplican a personas en situación de calle o que sobreviven con tareas precarias en la calle”.

El dictamen de mayoría fue firmado por: Gerardo Milman (PRO), Laura Rodríguez Machado (POR), Alida Ferreyra (LLA), Mariano Campero (UCR), Marcela Campagnoli (Coalición Cívica); Soledad Carrizo (UCR); Carolina Piparo (LLA), Alejandro Bongiovanni (PRO), Gabriela Brouwer De Koning (UCR), Nicolás Emma (LLA), Álvaro González (PRO), Álvaro Martínez (LLA), Guillermo Montenegro (LLA), Yamila Ruiz (Innovación Federal) y Martín Yeza (PRO).

Las críticas de UxP y su dictamen de minoría

El bloque de UxP emitió un dictamen de minoría en el que criticó en duros términos el proyecto del Ejecutivo. El informe, que lleva la firma del diputado y exministro de Justicia de la Nación Martín Soria, afirma:

Que el proyecto de modificación del Código Penal no se encuentra debidamente fundamentado y que no tiene relación con los problemas de política criminal del presente.

Que constituye "de forma alarmante un intento del Gobierno de turno de criminalizar la protesta social y beneficiar las ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas armadas”.

Que “promueve, además, el uso indiscriminado de la fuerza policial, la que en situaciones normales debe ser utilizada de manera excepcional”.

Que se “pretende aumentar la pena de prisión de 1 año a 3 años y seis meses para la figura simple y de cuatro años a seis años para la agravada. Es decir, penas que en su versión máxima y agravada son de cumplimento efectivo".

“¿Cuál es la justificación de subir el monto de la pena si no es avalar la represión del Gobierno contra la clase trabajadora para consumar su plan económico?”, se pregunta el bloque de UxP.

En esa línea, se remarca que “la protesta de los ciudadanos contra la sanción de la Ley Bases dejó 33 detenidos e incomunicados por orden la ministra de seguridad. ¿Cuántos más detenidos habría habido si se aplicase este tipo punitivo? No corresponde modificar el Código Penal para levantar 3 títulos en los diarios del país y un par de videos de Tik Tok”, se agrega.

Para el bloque de Unión por la Patria, en lo sustancial, la propuesta del Ejecutivo, que la bancada oficialista con sus aliados apoyó, “es una política de demagogia punitiva sin un racionalismo empírico que la sostenga”. “Se pretende legislar en materia penal para la prensa, reprimir a la protesta social y habilitar ejecuciones sumarias”, se cuestiona.

Por tal motivo, se explica que “resulta contrario a nuestro mandato constitucional habilitar una ley armada exclusivamente para usar el aparato judicial penal para reprimir la protesta social y permitir las reformas económicas del Gobierno. Resulta contrario al mandato constitucional sancionar una ley que, en la vida cotidiana de nuestros conciudadanos, derivará en ejecuciones extrajudiciales por la espalda. No es esa la forma de afrontar los conflictos. No se puede vulnerar de esa forma el derecho a la vida y a la integridad de nuestro pueblo. No sirve - ni responde al mandato constitucional- convertir en ley cuestiones que se explican exclusivamente por razones de demagogia punitiva y propaganda política. No subestimemos el daño que todo esto generará a nuestra patria”, concluye el dictamen de minoría.

Cárcel para todos

A la par que avanza esta iniciativa, el oficialismo con sus aliados pretende tratar en el recinto este jueves el proyecto de “Ley de Reiterancia”.

Macarena Fernández Hofmann, Coordinadora del equipo Política criminal y violencia en el encierro del CELS, señala que a través de esa iniciativa “el Gobierno quiere reformar el código penal y el procesal penal de la Nación para que cualquier persona acusada de un delito, sin que haya sido condenada, tenga una suerte de antecedente penal que le permita a un juez dictarle una prisión preventiva en otras causas". Dice "que significa un riesgo para el principio de inocencia”.

“El proyecto que impulsa el oficialismo en el Congreso no se queda solo en esto. Incorpora, también, la idea de ‘peligro de reiterancia’ que es todavía más vaga: implica que puede dictarse la prisión preventiva de una persona por el solo hecho de que el juez considere que existe el riesgo de que cometa un nuevo delito”, añadió en un artículo que publicó Diarioar y replicó el CELS.

Las consecuencias de esta iniciativa son alarmantes:

Derivarán en el aumento del uso de la prisión preventiva.

Alguien acusado por un delito menor, no violento, hoy excarcelable, podrá terminar preso.

Y en este marco de criminalización de la protesta social, esta ley podrá “usarse como argumento para dictar prisión preventiva a manifestantes, en el caso de que ya tuvieran otra causa abierta”, según Fernández Hofmann.

Si el Congreso convalida este tipo de iniciativas se sumará a la persecución que impulsa el gobierno contra aquellos que no comulgan con sus ideas y deciden manifestar en su contra ocasionando un grave daño –otro más- a la democracia.