“Estamos en el año 2025. Todo el planeta está ocupado por Airbnb… ¿Todo? No, un pequeño territorio vasco del sur de Francia resiste todavía, y como siempre, al invasor”
The Conversation; en Enter-ate.com.ar20/05/2025 The Conversation -Madrid- IgorAhedo Gurrutxaga*
(www.TheConversation.com – Madrid – Por Igor Ahedo Gurrutxaga *) Esta podría ser la actualización para el siglo XXI de la popular saga de Uderzo sobre los resistentes galos Astérix y Obélix: es la historia de un movimiento social que ha logrado frenar la expansión de Airbnb. Una interesante aventura en la que la poción mágica es una combinación única: desobediencia civil y legalidad. Contemos la historia del colectivo Alda.
La ‘airbnbización’ y sus problemas
En un planeta interconectado, la invasión de la que hablaba el popular cómic toma forma de presión inmobiliaria. La rentabilidad del alquiler turístico está transformando nuestras ciudades y dificultando las alternativas habitacionales para la población local.
Las instituciones tratan de enfrentar este problema con estrategias como el reconocimiento de zonas tensionadas y la fijación de porcentajes de subida de los alquileres. Mientras, los movimientos sociales reivindican regulaciones y soluciones.
Sin embargo, son excepcionales los casos en los que instituciones y movimientos sociales se unen para frenar este fenómeno. Y menos aún los casos en los que la desobediencia civil y la legalidad se dan la mano.
El problema en cifras
La costa del País Vasco francés (en euskera, Iparralde) siempre ha gozado de gran atractivo turístico. A mediados del siglo XIX, la emperatriz Eugenia de Montijo convirtió Biarritz en su lugar de veraneo. Ahora, en el siglo XXI, a la tradicional llegada de jubilados parisinos, que buscan buen clima, gastronomía y paisajes únicos, se ha añadido la invasión turística.
Hablamos de un territorio pequeño, fronterizo con las comunidades autónomas españolas de Navarra y País Vasco. Una de cada cuatro de las 300 000 personas que viven en Iparralde habla euskera. La región se conforma por 158 municipios, pero solo tres superan los 30 000 habitantes.
En 2020, 11 000 de las viviendas de alquiler de Iparralde se habían convertido en vacacionales. En solo 5 años, una de cada cuatro viviendas había salido del mercado en un territorio en el que el 35 % de la población vive de alquiler. Como en muchas otras zonas del mundo, el turismo estaba expulsando a sus habitantes.
La desobediencia civil como estrategia
Para enfrentar esta situación y defender el derecho a una vivienda digna de las personas con pocos recursos de la región, en 2021 se fundó el movimiento Alda.
Su primera acción consistió en demostrar que las autoridades no hacían cumplir la ley, que no controlaban lo que se ofertaba en Airbnb. Para ello, pusieron en alquiler el edificio del Ayuntamiento de Anglet, la tercera ciudad más grande del País Vasco francés.
Pocos meses después, ocuparon un apartamento de la milla de oro de Biarritz –donde el precio del metro cuadrado puede llegar a los 40 000 euros– que se anunciaba de manera ilegal en la plataforma. Tras lograr el compromiso de las autoridades de que se sancionaría tanto a Airbnb como a los propietarios, los activistas abandonaron la vivienda, pero mantuvieron la presión.
En 2022, acamparon ante la subprefectura de Baiona para presionar a las autoridades y evitaron el desalojo de una familia cuya vivienda se quería destinar al turismo. En 2023, ocuparon una inmobiliaria con prácticas abusivas. Más tarde, otra vivienda en alquiler.
La presión da sus frutos
Las acciones de “la aldea que resiste al invasor” han tenido su eco a nivel estatal. Y Alda logró la legitimidad a nivel local cuando, en diciembre de 2022, ganó las elecciones para representar a los inquilinos de viviendas sociales. Finalmente, la asociación propuso a los alcaldes de Iparralde introducir una medida de compensación para el mercado de alquiler de la vivienda, similar a la ya existente en el Estado francés para ciudades de más de 200 000 habitantes.
Dicha medida –que entró en vigor en marzo de 2023– permite a los propietarios transformar una vivienda de alquiler en alojamiento turístico. Pero con una condición: ofrecer en el mismo municipio un local del mismo tamaño para vivienda de alquiler ordinario. Y se prevén multas de hasta 50 000 euros para los alquileres ilegales. Así, se busca desincentivar la conversión de viviendas residenciales en alojamientos turísticos.
Gracias al apoyo de las autoridades locales se consiguió que la comunidad de aglomeración del País Vasco se convirtiese en el primer territorio de Francia en aplicar esta medida de compensación más allá de las localidades de más de 200 000 habitantes.
No obstante, un grupo de propietarios y agencias inmobiliarias presentó una demanda que paralizó durante un año la aplicación de la medida. Finalmente, los tribunales dieron la razón a las autoridades regionales y la medida de compensación se puso en marcha nuevamente.
¿Los resultados? Si en 2022 se tramitaron 4 665 autorizaciones de cambio de uso, entre el 1 de marzo y finales de diciembre de 2023 solo fueron 369. Además, se estima que en los próximos años no se renovarán cerca de 10 000 licencias de alquiler turístico.
Movimientos sociales y democracia
Los movimientos sociales han sido siempre un factor de democratización. En el territorio analizado, además de la experiencia de Alda encontramos otros ejemplos de participación comunitaria.
En esta “aldea gala” que habla euskera está la moneda local más importante de Europa: el eusko. También hay un movimiento ecologista que cada año certifica si los ayuntamientos trabajan contra el cambio climático, y una cámara de agricultura, nacida de la sociedad civil, que trabaja con los principios de decrecimiento.
La democracia necesita de los movimientos sociales, y en la Universidad del País Vasco llevamos años trabajando en la investigación sobre el papel de la protesta en el avance de la democracia. Por eso, nuestra universidad trata de ayudar a establecer relaciones de colaboración entre movimientos sociales e instituciones. Así gana el bien común.
(*) Igor Ahedo Gurrutxaga, Profesor de Ciencia Política - Investigador Principal de Parte Hartuz - Director del programa de doctorado Sociedad, Política y Cultura, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea
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