"Llegó el momento de la verdad", Carlos Beraldi

(www.Ambito.com – CABA – Por Sofía Caram) Con fuertes críticas al inicio y desarrollo del proceso, el representante legal de la vicepresidenta comenzó su alegato ante el Tribunal Oral Federal 2. Señalamientos a jueces y fiscales de Comodoro Py y a la Corte Suprema; respuestas a los argumentos del fiscal Diego Luciani y denuncias de imparcialidad formaron parte de la exposición. “La prueba destruye cada uno de los cargos”, aseguró Beraldi. Y advirtió que las anomalías de la causa llevaron a los acusados al absurdo de tener que “acreditar la inocencia”. Al mismo tiempo, negó que Lázaro Báez haya sido el único empresario “que apreció” entre 2003 y 2015, sino que fueron doce mil los empresarios nuevos de ese período, “producto del crecimiento” económico.

A las ocho de la mañana de este lunes comenzó el alegato de la defensa de Cristina Kirchner, para quien la fiscalía pidió doce años de prisión más la inhabilitación para ejercer cargos públicos de por vida en la causa que investiga el presunto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz.

Los abogados Carlos Beraldi y Ari Llernovoy ocuparán dos de las tres jornadas otorgadas por el Tribunal para alegar -lunes y este martes- mientras que este viernes utilizará ese espacio Cristina Kirchner en primera persona.

Con apoyatura de filminas y recortes de las declaraciones de los testigos, la defensa de CFK recorrió punto por punto lo que, aseguró, fueron maniobras de persecución política durante el inicio y el desarrollo de todo el proceso. Al mismo tiempo, buscó rebatir los argumentos de la acusación que -aseguró- alegó en base a la denuncia inicial, obviando que toda la prueba a lo largo del debate rebatió todos y cada uno de los pilares de la misma. “La prueba destruye cada uno de los cargos”, afirmó Beraldi, y prometió demostrarlo. “El panorama probatorio muestra la fantasía de la acusación”. agregó. Y aseguró que la prueba “pone a la acusación en el plano del ridículo”.

 

La pericia de Iguacel

Beraldi recordó cómo fue que se inició el expediente, a partir de una denuncia del entonces recién designado por Mauricio Macri como Administrador de Vialidad Nacional, Javier Iguacel.

La primera resolución firmada por las nuevas autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad ordenaba inspecciones solo las obras de Santa Cruz, adjudicadas a Lázaro Báez. Aquella actuación administrativa derivó en una auditoría realizada por técnicos de carrera del organismo, quienes entregaron los resultados el 16 de marzo de 2016.

Los ingenieros Justo Romero, Martín González Oría y Marcelo Guillermo Bianchi hicieron un estudio pormenorizado de los expedientes de las obras e incluyeron trabajo de campo. Viajaron a Santa Cruz y durante unas dos semanas se dedicaron a recorrer una por una las “obras con certificación a enero de 2010 en adelante”.

El trabajo de 68 páginas entregado al entonces flamante administrador, Iguacel fue contundente. Las obras en Santa Cruz no presentaban anomalías. En su gran mayoría estaban ejecutadas y terminadas y no había diferencias sustanciales entre los valores de mercado y los que el Estado había pagado. Es decir, no había habido sobreprecios. “Fueron por lana y volvieron esquilados”, concluyó Beraldi. Y advirtió que, de todas maneras, con esos resultados periciales, presentaron una denuncia en Comodoro Py y esos Tribunales avanzaron con la causa.

 

Prepotente

La defensa también recordó que el primer acto de gestión de Iguacel fue viajar con su jefe de jurídicos, Ricardo Stoddart a la delegación de Vialidad de Santa Cruz para presionar a los funcionarios locales y colocar una intervención, lo que sucedió solo en esa jurisdicción.

Con declaraciones de testigos rememoró que se presentaron en patrullero. Esa visita “prepotente” tuvo “características lamentables”, dijo.

 

Planteos Rechazados

Beraldi recorrió todos los planteos y pedidos de prueba que le fueron rechazados sistemáticamente. En ese sentido, afirmó que hubo una “indebida intromisión del poder político en el trámite de las actuaciones”.

Uno de esos planteos, fue reclamar que se ampliara el objeto procesal y que se investigara toda la obra pública del país entre 2003 y 2015, y no solo la de Santa Cruz. “Si hay un delito queremos saberlo”.

Sobre las nulidades rechazadas Beraldi ironizó: “entramos al libro Guinness”, ya que CFK fue “perseguida de manera simultánea cinco veces por el mismo delito, que es el de asociación ilícita”, lo que constituyó la violación a la “garantía de prohibición de doble juzgamiento”.

 

Cosa juzgada

Beraldi señaló, también, que uno de los planteos que no fueron escuchados fue el doble juzgamiento de estos hechos. Recordó que tanto la justicia provincial cuanto la federal de Santa Cruz investigó 49 de las 51 obras de este juicio y determinaron que no hubo delito. Sin embargo, Comodoro Py avanzó con la causa, lo cual constituyó la cosa juzgada.

 

La Corte

El defensor también rememoró el rol de la Corte, cuando las nulidades llegaron a esa instancia. “¡Pidió el expediente, sonaron las cacerolas y retrocedió!”, ilustró. Fue en referencia a que el máximo tribunal pidió el expediente al TOF2, antes de que se diera inicio al juicio, para definir dichos planteos. Sin embargo, la presión del gobierno de entonces y las manifestaciones en las calles hicieron que la Corte devolviera la causa en menos de 24 horas y la foto de CFK sentada en el banquillo de los acusados tuviera lugar justo antes del inicio de la campaña electoral, cuando ya se conocía la fórmula Fernández-Fernández.

 

El celular de López

“No es lógico ni se ajusta a la práctica”, afirmó Beraldi al señalar la forma y el momento en que se incorporó como prueba las desgravaciones del teléfono celular del exsecretario de Obras Públicas, José López. “Si vamos a incorporar prueba todas las partes tenemos derecho a verla con tiempo”, se quejó. El Tribunal aceptó dicha incorporación recién en mayo de este año, cuando ya estaba finalizando el juicio. Para el defensor, no hubo oportunidad de hacer los “controles y controvertir” la prueba usada por la fiscalía para alegar. “Es absolutamente ilegal introducir un cargo nuevo en el momento del alegato”, expresó Beraldi. Y explicó que por eso CFK pidió ampliar su indagatoria, para defenderse de esa prueba, pero se le fue negada esa posibilidad.

 

Las tres toneladas de prueba

Beraldi afirmó que hubo un objetivo deliberado de la acusación para “obstruir la verdad” al oponerse a todas las pruebas de descargo. “Solo buscó impactar a la opinión pública”, dijo. “Luciani construyó la misma acusación de 2008 que venía siendo insistentemente repetida en todos los medios de comunicación. No se puede hablar de prueba contundente porque la prueba haya sido pesada en gramos”, lanzó.

 

Liverpool

El defensor calificó como “episodio lamentable” a las “actividades sociales entre los jueces y los fiscales y visitas a funcionarios”, en referencia a los partidos de fútbol compartidos en la quinta Los Abrojos, de Mauricio Macri. En esos torneos, el fiscal Diego Luciani y el presidente del tribunal Rodrigo Giménez Uriburu jugaban en el mismo equipo. “Jugamos un partido en cancha inclinada”, dijo Beraldi en modo metáfora futbolera.

El abogado aseguró que “la prueba destruye cada uno de los cargos” y prometió demostrarlo. “El panorama probatorio muestra la fantasía de la acusación”. dijo. Y aseguró que la prueba “pone a la acusación en el plano del ridículo”.

 

Políticas públicas no judiciables

La defensa de CFK señaló a la fiscalía por judicializar decisiones políticas al considerar un delito las partidas designadas a Santa Cruz para obras viales. En ese sentido, aseguró que las pruebas y los testigos demostraron en el juicio que no hay normativa alguna que le defina al Poder Ejecutivo cómo designar fondos y a qué jurisdicción.

“Luciani decía que Santa Cruz tenía baja siniestralidad y poca cantidad de habitantes” y que ese era motivo de sospecha de un delito, recordó Beraldi. Con fragmentos de los testimonios de Alberto Fernández y Jorge Capitanich, buscó refutar el argumento. “No existe ninguna norma que imponga limitaciones a cómo se distribuye el gasto en la obra pública. Es una decisión de carácter político, no judiciable”, había declarado bajo juramento el exjefe de gabinete y actual presidente de la Nación.

También, la defensa adjuntó como contra prueba un informe de la red de caminos que mostraba a Santa Cruz como una de las provincias más relegadas en materia de obras cuando asumió Néstor Kirchner como jefe de Estado. “Santa Cruz no tenía rutas. Por eso se hizo un plan de inversión”, expresó el abogado. Y defendió la inversión en materia de obra pública en todo el país entre 2003 y 2015.

 

Con énfasis, Beraldi lanzó: “¡Les mintieron!”. No fue sólo Lázaro Báez el empresario que apareció. En ese período hay doce mil empresarios nuevos que aparecieron, como producto del crecimiento explosivo que tuvo la Argentina”.

 

Presupuestos

Uno de los ejes centrales de la defensa de Cristina es que todas las obras viales del país fueron aprobadas por las leyes de presupuesto. En esa dirección Beraldi recordó que todos los testigos que pasaron por el juicio, incluso los convocados por la acusación, afirmaron que todas las obras se debaten y aprueban en la ley de leyes y negaron que haya habido presiones de los poderes Ejecutivos de entonces para aprobar o desaprobar alguna obra en particular.

Por ejemplo, el Diputado de la Coalición Cívica, Fernando Sánchez fue consultado en su declaración: “¿Tiene referencia de que usted o los legisladores hayan sido coaccionados para votar de manera positiva?”. “Que yo sepa, no”, respondió.

Lo mismo sucedió con Margarita Stolbizer cuando le preguntaron si recibió presiones por el mismo motivo: “No para nada”, respondió. “¿Y Le consta que otros legisladores hayan recibido presiones?” “No, para nada”.

Igual caso fue la testimonial del diputado Ariel Pasini quien afirmó no haber recibido “ningún tipo de presión” y aseguró que tuvo “toda la libertad del mundo para votar con libertad de conciencia”.

Beraldi enfatizó que en la acusación “sobrevoló la fantasía de funciones marginales del congreso o de una especie de escribanía automática”, cuando, en realidad “es la norma más debatida en el congreso de la nación”; la que más controles tiene, internos y externos y en la cual no interviene de manera directa el presidente o presidenta de la nación. Es que, a partir de la reforma de la Constitución, de 1994, por mandato constitucional la ejecución del presupuesto es una competencia exclusiva de la jefatura de gabinete.

La defensa también rebatió el argumento de direccionamiento a través de las ampliaciones de presupuesto vía DNU. En esa línea recordó y pasó fragmentos de todos los testigos que señalaron que es un mecanismo habitual para ampliar las partidas, sobre todo cuando hay situaciones inflacionarias. Pero, además, “se probó en el juicio” que ninguno de los exjefes de gabinetes recibió instrucciones para modificar partidas y beneficiar a alguna provincia o empresario en particular. Sobre todo, porque todos ellos declararon eso bajo juramento, lo cual fue soslayado por la fiscalía en su alegato.

 

Quedó demostrado que “Cristina jamás dio instrucción directa o indirecta” para beneficiar a Lázaro Báez o a Santa Cruz, afirmó el defensor.

 

Apagón informativo

La defensa de Cristina respondió al fiscal Diego Luciani, quien aseguró que el Congreso nacional sufrió una suerte de “apagón informativo” por parte del Poder Ejecutivo, con el objetivo de ocultar obras destinadas a Austral Construcciones.

Durante el juicio, varios testigos destacaron la implementación de la herramienta informática E-SIDIF, entre otras, para llevar el control en tiempo real de las obras de todo el país con sus plazos, partidas y niveles de ejecución, lo cual garantizaba la transparencia. También, que todos los legisladores/as pueden hacer pedidos de informes al PEN sobre cualquier punto del Presupuesto, por lo cual no pudo haber existido tal “apagón”.

 

Los expedientes hablan

Beraldi y Llernovoy hicieron un recorrido obra por obra, expediente por expediente, para demostrar que la fiscalía “mintió” al afirmar que hubo irregularidades en 5 de las 51 obras cuestionadas. Con documentos oficiales y planillas de los presupuestos de los diferentes años, los defensores probaron que las partidas para cada obra sí existieron y fueron coincidentes con los montos pagados a la contratista. “Cuando se trabaja con rigor se llega a la verdad. Y eso es lo que hicimos nosotros”, dijo Beraldi. “Sin embargo, han pedido 89 años de prisión (en total para los trece imputados) en base a pruebas apócrifas. Esto es gravísimo”, enfatizó. Y le advirtió a los jueces que “cuando dicten la sentencia van a tener que valorar de manera objetiva cada una de estas cuestiones”.

 

Proscripción

El pasaje más político del alegato de Carlos Beraldi apuntó a la persecución que, aseguró, sufre su defendida. En ese sentido recordó el proceso judicial que se le inició a Juan Domingo Perón tras el golpe de estado de 1955. “A Perón le hicieron un proceso por traición a la patria y asociación ilícita, lo mismo que a Cristina”, afirmó. Y agregó que “esas épocas fueron vergonzosas y no pueden volver a repetirse. No puede pasar que se use a los jueces para cuestiones subalternas. Ese es el nunca más, no corrupción a justicia. Lo que millones de argentinos esperamos de este juicio es que se defina acorde a la ley”, remató.

A lo largo de siete horas de exposición, Beraldi denunció la imparcialidad que debieron enfrentar durante todo el juicio y acusó al Ministerio Público en varias oportunidades de mala fe, de mala praxis y de mentir deliberadamente: “Juegan con el caballo del comisario. Por eso pueden decir cualquier cosa. Pero en el juicio quedó demostrado que mintieron”, concluyó.

 

Tras un cuarto intermedio, el alegato de la defensa de Cristina Kirchner continuará este martes