(www.Telam.com.ar – Lima) "La Fiscalía de la Nación dispuso realizar diligencias previas respecto a las denuncias presentadas contra la presidenta de la República, Dina Boluarte; Alberto Otárola, en su condición de ministro de Defensa; César Cervantes, exministro del Interior y otros. Las denuncias tienen como objeto investigar las muertes ocurridas durante las manifestaciones realizadas en diciembre de 2022", indicó el ente en su cuenta en Twitter, reportaron el portal RPP y la agencia Sputnik.
La iniciativa del Ministerio Público responde a las denuncias penales presentadas en diciembre por cuatro abogados del departamento sureño de Ayacucho, donde ocurrieron la mayoría de las muertes.
Desde el sábado 10 de diciembre, diversas protestas sociales se sucedieron en Perú por parte de grupos y organizaciones de ciudadanos afines a Castillo, a quien el Parlamento desalojó del cargo luego que el propio dignatario decidiera disolverlo, en lo que se calificó de "autogolpe" de Estado.
Los manifestantes exigen la salida de Boluarte y los miembros del Congreso a través del adelanto de elecciones generales, y, en algunos casos, la restitución de Castillo.
Boluarte y el Congreso son resistidos por la mayoría de la población, lo que dio pie a las protestas que, hasta la fecha, causaron al menos 28 muertes entre civiles y 600 heridos en enfrentamientos con las fuerzas del orden, que reprimieron de manera abusiva según numerosas denuncias, o por hechos relacionados indirectamente.
Más temprano, unos 53 bloqueos "con tránsito interrumpido" acontecieron en nueve regiones en el tercer día de la nueva ola de protestas retomadas tras la tregua por las fiestas de Año Nuevo.
La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran), informó que son 53 los puntos con bloqueos en nueve regiones del país: Apurímac, Cusco, Puno, Arequipa, Madre de Dios, Ucayali y Tacna.
En total, hay 13 autopistas nacionales afectadas, de acuerdo con el reporte del organismo reproducido por la agencia de noticias estatal Andina.
Entre las zonas afectadas en Puno, donde se registran las protestas más fuertes, figura la autopista que une la localidad de Chucuito con Desaguadero, uno de los principales puntos de tránsito hacia Bolivia.
Los edificios públicos y aeropuertos en las regiones donde se anunciaron protestas están resguardados por policías y militares, estos últimos autorizados a intervenir tras la declaratoria de un estado de emergencia a mediados de diciembre que los habilitó para reprimir a manifestantes.
En su calidad de vicepresidenta, Boluarte sustituyó a Castillo, un maestro rural de izquierda que el 7 de diciembre fue despojado del poder y luego detenido para ser investigado por rebelión.
Tras la caída de Castillo, se desataron violentas protestas en el centro y sur del país, donde el ex gobernante tiene apoyo, que fueron duramente reprimidas por policías y militares, lo que desató un generalizado repudio, incluso de organismos internacionales
