(www.Enter-ate.com.ar – General Pico – CABA) AL contar con el documento emitido por la CTA y en virtud de la gravedad institucional que significa la actitud del Gobernador jujeño –ya que es casi un Estado de Sitio- y acorde a nuestro estilo, publicamos íntegramente dicho texto.
“El gobernador Morales, que entre gallos y medianoche promueve una reforma constitucional inconsulta y violatoria del Artículo 14 bis, ahora busca consolidar una especie de Estado de Sitio permanente con la suspensión del derecho a la protesta a través de un decreto que prohíbe manifestarse a los sectores populares con penas propias de gobiernos dictatoriales.
Es el globo de ensayo de lo que Juntos por el Cambio tiene previsto hacer si llega a ser gobierno para impedir las protestas que van a generar sus anunciados planes de ajuste.
En efecto, el decreto 8464/23 busca penalizar la protesta social y cercenar el derecho de huelga consagrado en la Constitución Nacional, tratados internacionales y convenios de la Organización Internacional del Trabajo habilitando la represión y la intervención de la justicia penal para acallar la protesta social.
Avanza aún más sobre los derechos laborales con un acto de inusitada gravedad como la decisión de sancionar con suspensiones de dos años y cesantías a empleados públicos que ejercen sus derechos sindicales. Intenta de esta manera retrotraernos a las épocas más nefastas de gobiernos dictatoriales que utilizaron las cesantías y decretos de prescindibilidad para disciplinar a quienes reclamaban por sus condiciones de trabajo.
Ante ello, somos parte de las luchas del pueblo jujeño y nos solidarizamos convocando a una jornada nacional de protesta y movilización que se llevará a cabo en todo el país el día martes 13.
Resulta inaceptable que las demandas sociales tengan por respuesta la criminalización y la eliminación lisa y llana de los derechos más elementales como el de peticionar ante las autoridades.
A 40 años de la recuperación de la democracia no podemos admitir la criminalización de la protesta social como una práctica que institucionalice la persecución de quienes pelean por sus derechos”.
Hugo Yasky Enrique Rositto
Secretario General Secretario de Comunicación
